En el centro de las pesquisas se encuentra Matías Yebara, un sujeto con un extenso prontuario que actualmente cumple condena de prisión efectiva por causas anteriores de estafas y extorsión.
En este nuevo proceso, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Diego Funes, lo lleva imputando como presunto jefe de una asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos. Según la hipótesis fiscal, los implicados aprovechaban la estructura del organismo contravencional para cobrar multas a infractores mediante sellos falsos, desvío de dinero a cuentas personales y el posterior "cajoneo" o desaparición de los expedientes.
"No tenía firma para pasar un expediente a archivo"
Desde su celda en el Servicio Penitenciario de la Provincia, Yebara rompió el silencio antes del inicio de las audiencias e intentó desmontar el rol central que la acusación le atribuye dentro del entramado criminal.
"Me acusan a mí y me cambiaron la imputación de miembro a jefe de la asociación ilícita. ¿Cómo voy a ser el jefe de una asociación donde se involucra una institución del gobierno, si yo nunca pertenecí a esa institución ni fui funcionario del Juzgado Contravencional?", cuestionó el imputado.
En su descargo, remarcó la imposibilidad técnica y jerárquica de llevar a cabo las maniobras: "Yo no tenía firma para pasar un expediente al archivo ni para bajar un expediente del sistema Sinat de seguridad vial. Para devolver un carnet o liberar una moto hacían falta decretos firmados por el juez contravencional y con anuencia del Ministerio de Seguridad".
Acusación contra ex ministros y la cúpula policial
En sus declaraciones, Yebara buscó correr el foco de su responsabilidad individual y apuntó hacia la cúpula de gestión y la conducción del organismo, salpicando a ex ministros y funcionarios de administraciones pasadas. Según su versión, el organismo funcionaba como un ente de recaudación paralelo en el que se realizaban donaciones, remates de vehículos y liberación de inhabilitaciones sin ingresar los fondos a las cuentas oficiales de la Dirección General de Administración (DGA).
"Los remates de motos y de animales los hacían las altas autoridades del Ministerio de Seguridad y del Juzgado Contravencional. La ex ministra de Ambiente también tomó al juzgado como un ente recaudador para que la plata nunca ingrese a las arcas del Estado", lanzó Yebara, asegurando que existían circuitos donde expedientes derivados a la Fiscalía de Estado terminaban siendo devueltos para el cobro informal en la dependencia.
Denuncia de pacto de impunidad y causa a archivo
El detenido sostuvo además que en el año 2014 prestó declaración bajo la figura de testigo arrepentido ante altas autoridades del Ministerio Público de la Acusación, incluyendo al fiscal general Sergio Lello Sánchez y los fiscales Funes y Serrano Antar. Según afirmó, las promesas de beneficio procesal no fueron cumplidas y sus denuncias terminaron cajoneadas.
"Yo denuncié todas estas cuestiones con números de expediente y fotos. A los tres días de haber denunciado, me notificaron en el Servicio Penitenciario que los expedientes pasaban al archivo sin investigar. Están haciendo un encubrimiento institucional para proteger a los de arriba", aseveró, señalando que incluso un ex imputado de la causa hoy reviste como miembro del Consejo de la Magistratura.
Reclamo de nulidad y denuncias de apremios
Respecto al inminente debate oral, la defensa del imputado denunció estar en un "estado de indefensión absoluta" por la falta de entrega de elementos de prueba otorgados formalmente por el juez Rodolfo Fernández hace dos años, entre ellos las filmaciones de sus declaraciones clave, lo que a su criterio vicia de nulidad todo el proceso.
Finalmente, Yebara responsabilizó a las autoridades penitenciarias, al Ministerio de Seguridad y al Ejecutivo por su integridad física y la de su familia. Denunció que sufre represalias por intentar tomar contacto con los medios: "Cada vez que quiero usar el teléfono oficial me sancionan, me ponen celadores al lado y violentan mis derechos de la Ley 24.660. La otra vez me tuvieron 24 horas incomunicado en un sector sin cámaras de seguridad, sufriendo vejaciones y torturas para que no hable", concluyó, agregando que su entorno familiar sufrió robos, incendios intencionales y severos hostigamientos.
La investigación paralela sobre el juzgado
Pese a los duros cuestionamientos mediáticos vertidos por Yebara, en los pasillos judiciales sostienen que el caudal probatorio reunido por la fiscalía contra la banda imputada es contundente.
Sin embargo, en forma paralela al juicio que arranca el 12 de noviembre, se mantiene abierta la investigación conexa contra el ex juez contravencional José Matías Ustárez Carrillo, quien terminó renunciando a su cargo acorralado por la causa de incumplimiento de los deberes de funcionario público y presunto desvío de fondos.
