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Tras la polémica, se canceló la licitación para contratar seguridad privada en el ISJ

Distintos sectores de la sociedad presionaron contra la medida al considerarla demasiado onerosa ante otras necesidades de la población.

  • Luego de las críticas y la presión contra la iniciativa, finalmente quedó sin efecto la licitación para contratar seguridad privada en el Instituto de Seguros de Jujuy.
  • Fuentes cercanas a la institución marcaron que la cobertura será otorgada por Policía de la provincia.

La controversia comenzó hace pocos días, cuando un contador local, Jeremías Toffolo, expuso que había comenzado un proceso de licitación para contratar seguridad privada para el Instituto de Seguros de Jujuy.

La iniciativa no habría sido llamativa de no ser porque el monto destinado para tal fin serían aproximadamente $ 1.368.000.000, cifra que para el profesional podría destinarse a mejorar las prestaciones y servicios de la obra social de todos los trabajadores estatales de Jujuy.

Además, señaló que el gasto no concordaba con la crisis que los funcionarios locales contantemente pregonan.

“Querían emitir una ley de emergencia hace pocos meses y ahora parece que no hay impunidad para gastar”.

Entre otros cuestionamientos, señaló que el pliego no estaba disponible para consulta, y que el servicio podría haber sido ofrecido por la misma Policía de Jujuy.

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Críticas gremiales

Teniendo en cuenta que son los beneficiarios directos, al conocer de la licitación, dirigentes sindicales de distintos sectores cuestionaron la iniciativa y exigieron audiencias a las autoridades de la institución para interiorizarse de la misma.

Susana Ustarez, secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), fue una de las primeras en señalar que se debería controlar más estrictamente la selección de empresas que el Estado contrata, buscando precios convenientes e incluso convocando a trabajadores desocupados o a la misma policía.

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Por su parte, el titular de la Asociación del Personal Universitario de la Administración Pública (APUAP), Nicolás Fernández, demandó que la obra social fuera administrada por sus beneficiarios, los trabajadores estatales, para prestar servicios de forma correcta, eficiente y transparente.

“Es administrada por el empleador; al no poder hacerlo nosotros, es una obra social que se administra de forma poco transparente, con una gestión que no abre los números, no muestra cuánto recauda ni cómo administra y distribuye lo que recauda”.

Finalmente, tras las críticas y la polémica, autoridades de la institución se reunieron hace pocas horas con dirigentes sindicales y les anunciaron que la cobertura de seguridad de la obra social será provista por Policía de Jujuy.

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