- Gremios estatales se refirieron a la controversial y millonaria licitación de seguridad para el Instituto de Seguros de Jujuy.
- Consideraron que hay alternativas a lo planteado y aseguraron que pedirán audiencia con las autoridades del organismo.
Gremios piden explicaciones de la polémica licitación de seguridad para el ISJ
Aseguran que la tercerización de servicios para organismos provinciales es una política de estado y podrían considerarse otras opciones.
Recientemente se conoció que desde el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) se abrió una licitación de $ 1.300.000.000 para contratar un servicio de seguridad.
La titular de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), Susana Ustarez, aseguró que pedirán audiencia a las autoridades de la obra social estatal para interiorizarse de la situación, teniendo en cuenta que desde hace tiempo vienen reclamando mejoras en el servicio y las prestaciones.
“Incluso cuestionamos hasta los fondos destinados a turismo, actividades que no son de servicio directo al afiliado”, dijo Ustarez, marcando que pedirán el desglose de la cifra de la licitación y explicaciones de la contratación de empresas privadas “que tienen remuneraciones mucho más altas”.
Ustarez también cuestionó la selección de empresas que contrata el Estado, ya que muchas pertenecen a funcionarios, considerando que se debería buscar una elección transparente, con un precio conveniente, y contemplar la contratación de personal desempleado o incluso destinar efectivos policiales a una tarea que no considera riesgosa.
“Se trata de una obra social estatal; podría verse la posibilidad de reasignar personal”.
Actualmente, el ISJ tiene un servicio cuyo plazo está por vencer, por eso necesita llamar a licitación. “Esto se volvió una política de Estado: todos los organismos y edificios contratan limpieza y seguridad privada. Hay que discutir esto en el organismo e incluso en la Legislatura, porque podría salir una ley similar al “compre jujeño” para buscar mecanismos de absorción de personal y personas desocupadas”, indicó Ustarez.
Matías Brizuela, de ATE Jujuy también hizo mención a la contratación de seguridad privada para la obra social provincial y fue contundente: "Vemos que es un manoseo, no hay nada a favor del trabajador y vemos que es un negocio. Un negocio millonario que se llevan los amigos del poder. El ISJ siempre fue una caja para financiar a grupos económicos amigos del poder".