La titular de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), Susana Ustarez, aseguró que pedirán audiencia a las autoridades de la obra social estatal para interiorizarse de la situación, teniendo en cuenta que desde hace tiempo vienen reclamando mejoras en el servicio y las prestaciones.
“Incluso cuestionamos hasta los fondos destinados a turismo, actividades que no son de servicio directo al afiliado”, dijo Ustarez, marcando que pedirán el desglose de la cifra de la licitación y explicaciones de la contratación de empresas privadas “que tienen remuneraciones mucho más altas”.
Embed - Gremios piden explicaciones de la polémica licitación de seguridad para el ISJ
Ustarez también cuestionó la selección de empresas que contrata el Estado, ya que muchas pertenecen a funcionarios, considerando que se debería buscar una elección transparente, con un precio conveniente, y contemplar la contratación de personal desempleado o incluso destinar efectivos policiales a una tarea que no considera riesgosa.
“Se trata de una obra social estatal; podría verse la posibilidad de reasignar personal”.
Actualmente, el ISJ tiene un servicio cuyo plazo está por vencer, por eso necesita llamar a licitación. “Esto se volvió una política de Estado: todos los organismos y edificios contratan limpieza y seguridad privada. Hay que discutir esto en el organismo e incluso en la Legislatura, porque podría salir una ley similar al “compre jujeño” para buscar mecanismos de absorción de personal y personas desocupadas”, indicó Ustarez.
Matías Brizuela, de ATE Jujuy también hizo mención a la contratación de seguridad privada para la obra social provincial y fue contundente: "Vemos que es un manoseo, no hay nada a favor del trabajador y vemos que es un negocio. Un negocio millonario que se llevan los amigos del poder. El ISJ siempre fue una caja para financiar a grupos económicos amigos del poder".