Incoherencias y doble discurso sinónimo de estafa electoral

Pero hay más de esta señora. Afirmó que “el presidente habla de federalismo mientras castiga a las provincias que no se arrodillan” ahora lo que no dice Zigarán es que en Jujuy esa metodología rige desde hace años con los intendentes y, por lo que parece, no la quieren cambiar y sino veamos qué pasa con la Ley de Coparticipación provincial. En ese sentido, la senadora Carolina Moisés dijo que “lo de la ley es un verso del gobierno de Sadir”.

Volviendo a las declaraciones de esta señora Zigarán también agregó que “no se puede ordenar al país a costa del hambre y que hay otra manera de gestionar como lo venimos haciendo en Jujuy donde cada peso se invierte en necesidades humanas”. La ministra debería explayarse sobre el concepto de gestión que practica su gobierno y que rendir cuentas por su gobierno sobre cada peso que se invierte con propiedades humanas.

El otro protagonista de este inicio previo a lo que va a ser una campaña llena de disparates en los discursos desde oficialismo, de apellido Pizarro, secretario de Energía, no se queda atrás en la práctica del doble discurso. Dijo que “Milei debe convocar al consenso de las fuerzas políticas y sumar sindicatos, universidades y la iglesia”. Señor Pizarro porque no le cuenta a los jujeños ¿cuantas veces en 10 años su jefe político Gerardo Morales y ahora el gerente del poder Carlos Sadir han convocado al consenso de los distintos sectores políticos, sociales, gremiales y eclesiásticos en Jujuy?

Pizarro sigue con sus recomendaciones al presidente: “no comprende que la democracia es conjugar el pensamiento de las distintas corrientes políticas, escuchar y atender las necesidades imperantes” Pizarro forma parte de un gobierno que se escucha a si mismo que desprecia el diálogo con la gente ya que en el día a día son recurrentes los mensajes o reclamos de la sociedad por las atrocidades que cometen en la gestión y no le responden a nadie.

En política, cuando un candidato habla de prisas por abrir aulas, hospitales funcionando y obras que conecten a los pueblos o de promover el diálogo con todos los sectores mientras que su propio historial, revela discordancia entre lo que promete y lo que hace, aparece una falla ética grave: la incoherencia entre discurso y acción.

Esta conducta, descrita popularmente como “haz lo que digo, no lo que hago”, erosiona la confianza pública y desafía principios básicos de responsabilidad y ejemplaridad. Si una figura pública exige transparencia y eficiencia en el gasto, pero demuestra falta de coherencia entre sus promesas y sus actos—por ejemplo, respaldar medidas o acuerdos que luego no se sostienen o justificar promesas sin haber mostrado resultados verificables—entonces la ciudadanía queda expuesta a una doble vara: una retórica atractiva para ganar apoyo y una realidad que no refleja ese compromiso.

La ética exige consistencia entre el lenguaje público y las prácticas institucionales; si un candidato denuncia la gestión de otro pero no asume responsabilidad por sus propias acciones o por las contradicciones entre su discurso y su comportamiento, se debilita la legitimidad de quien pretende representar a una comunidad ante el Congreso.

Otro aspecto clave es la rendición de cuentas: cuando alguien propone medir resultados y controlar gastos, debe estar dispuesta a someter su trayectoria y sus decisiones a escrutinio público. La ética cívica no admite excusas para justificar incompatibilidades entre palabras y hechos; exige claridad sobre por qué ciertas promesas no se cumplieron, qué lecciones se desprenden y qué cambios propone para evitar repetir errores.

En este marco, la crítica debe enfocarse en hechos verificables: qué proyectos quedaron profundizados, cuáles se postergaron, qué obstáculos se identificaron y qué mecanismos de supervisión se implementarán para evitar que la retórica de campaña se convierta en una coartada para la inacción.

Cuando un aspirante a ocupar un cargo central presume de planes ambiciosos —educación de calidad, salud suficiente, conectividad entre comunidades— la ética exige que su historia personal y profesional respalde ese discurso. Sin ese respaldo, la promesa carece de credibilidad y la confianza pública se deteriora. Y si se confirma un patrón de “prometer sin cumplir” o de potenciar un doble estándar entre lo dicho y lo hecho, es legítimo exigir responsabilidad, exigir evidencia, exigir cambios o, en su caso, defender la posibilidad de alternativas que sí demuestren coherencia entre palabras y acciones.

La sociedad frente a estos candidatos del oficialismo ¿podría quedar expuesta ante una presunta estafa electoral?