Hermetismo en torno a la venta de EJESA

Una situación que es coherente desde el punto de vista de su fobia por la transparencia y sobre esta idea fallida de que ellos son el Estado, lógica instalada por el ex gobernador Morales de la cual ningún funcionario, incluido el actual gobernador, se mueve un centímetro por temor a represalias.

Resulta que en la asamblea general ordinaria, instancia en donde se elige el nuevo directorio, se señala la participación accionaria, en representación del Estado, por parte del señor Mario Pizarro, actual secretario de Energía de la provincia de Jujuy. Cabe aclarar, para despejar cualquier especulación, que no lo hace en calidad de accionista, sino como representante de esa participación que tiene el Estado.

Tal participación, según consta en el Boletín Oficial, implica un control total de 3.538.471 acciones clase C, que son las que generan mayor rendimiento.

Las acciones clase C, generalmente, se refieren a un tipo específico de acciones dentro de la estructura de capital de una empresa, que en algunos casos tienen características o derechos diferentes a las acciones clase A o clase B. Sin embargo, la denominación y las características pueden variar dependiendo de la legislación o las regulaciones específicas de cada país y de la política interna de cada empresa.

Las acciones clase C pueden tener derechos preferenciales o diferentes en cuanto a dividendos, a veces recibiendo un rendimiento diferente en comparación con otros tipos de acciones.

Estas acciones pueden estar diseñadas para proporcionar un mayor rendimiento económico, haciendo que sean atractivas para los inversores que buscan beneficios a corto plazo.

La cuestión genera interrogantes sobre la ética y la transparencia en la gestión pública. ¿Estamos ante una simple estrategia empresarial o se trata de un nuevo modelo de negocio del que el gobierno nos tiene acostumbrados? La participación de un funcionario en la propiedad de estas acciones puede suscitar preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. ¿Quién toma realmente las decisiones que afectan a nuestra provincia?

El hecho de que un funcionario de alto rango tenga un control tan significativo sobre acciones que generan importantes dividendos plantea serias preguntas. ¿Estamos ante un escenario en el que los intereses privados se entrelazan peligrosamente con las decisiones del Estado?

En un contexto donde la ética y la transparencia deben ser la norma, la situación podría interpretarse como un posible conflicto de interés.

El impacto que esta concentración de acciones podría tener en las decisiones que afectan el sector energético, un área crítica para el desarrollo de nuestra provincia, puede ser considerable.

Además de su carácter de representante accionario del Estado en la compañía ¿Están los intereses de Mario Pizarro alineados con los de la comunidad? No se han priorizado las inversiones en energía sostenible y accesible para todos y las decisiones se han tomado en beneficio de pocos y en perjuicio de muchos.

Estas tensiones entre intereses privados y el bienestar público en nuestra provincia de Jujuy, reflejadas en las decisiones de la SUSEPU de aprobar aumentos geométricos en las tarifas eléctricas, que oscilaron entre el 100 y el 400 por ciento, han generado un fuerte malestar en la ciudadanía y ha puesto en el centro del debate la figura del secretario de Energía.

Es preocupante la situación de los ex trabajadores de la Dirección de Energía de Jujuy, quienes llevan más de 20 años reclamando sus derechos sin que se les preste atención. La clase C, que representa el 10% de los trabajadores, ha quedado en el limbo, ignorando todos los fallos emitidos por la Justicia que respaldan sus demandas.

Esto resulta un reflejo de un Estado que, lejos de ser garante de derechos y justicia, actúa como un ente que protege intereses económicos privados.

La legalidad y la justicia no deberían estar sujetas a intereses particulares; sin embargo, en este caso, parece que se han relegado a un segundo plano. Es vital que la ciudadanía exija rendición de cuentas. La falta de transparencia en la gestión de recursos y el destino de estas tarifas no solo alimenta la desconfianza, sino que también permite que se perpetúen situaciones de abuso.

La sociedad debe recordar que el servicio de luz y agua no es un lujo, sino un derecho. Cada peso que se cobra en tarifas debe ser justificado y destinado al mantenimiento y mejora del servicio, no a engordar los bolsillos de unos pocos.