Esta semana, llegaron a Jujuy integrantes de Amnistía Internacional para presentar en la provincia un informe que elaboraron sobre el accionar de las Fuerzas en la represión de junio de 2023 en Purmamarca.
Represión en Purmamarca: no descartan que la causa avance a nivel internacional
Las novedades en torno a la causa que investiga la represión ocurrida en junio de 2023 solo se limitan a la imputación de efectivos policías que recibieron órdenes. Esta semana se presentó en la provincia el informe que elaboró Amnistía Internacional.
En diálogo con Radio 2, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, brindó detalles sobre el informe que se presenta en la provincia sobre la represión que se produjo en Purmamarca en 2023.
“En septiembre de 2023 estuvimos en la provincia haciendo un recorrido en la zona, sobre todo con las comunidades que sufrieron la brutal represión de conocimiento público. Elaboramos un informe que venimos a presentar dos años después, para recuperar los hechos de protesta y los motivos que tuvieran lugar para que la sociedad en general, docentes y comunidades salieron a la calle a reclamar por una reforma que se aprobó a puertas cerradas y de manera express. También para dar cuenta que dos años después no hay ninguna persona juzgada condenada, ningún agente de seguridad o funcionario responsabilizado por el uso abusivo, excesivo e ilegitimo de la fuerza en determinados contextos, y para pensar cuáles deben ser los cambios que deben ocurrir para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”.
Asimismo, García Rey remarcó la falta de actitud proactiva del Poder Judicial de la provincia.
“Lo que venimos a hacer en Jujuy le habla al mundo y al contexto local y a la falta de un Poder Judicial activo que hoy exija la rendición de cuentas. Lo que se refuerza es que, frente al exceso de las fuerzas de seguridad en el contexto de hace 2 años, hoy haya un poder judicial que cierre los ojos y no se comprometa a una investigación profunda”.
En este sentido, la abogada mencionó que se reunieron con funcionarios locales.
“Nos reunimos ayer miércoles con el ministro de Seguridad y con el Procurador Fiscal Lello, le transmitimos nuestra preocupación y hay un compromiso que, antes de la feria judicial, avanzar en alguna de las causas identifican la responsabilidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, las fuerzas de seguridad”.
García Rey también detalló lo que se vio en las imágenes de ese día.
“Identificamos en las imágenes las fuerzas utilizando armas no reglamentarias, desde piedras, látigos, proyectil múltiple, las balas de goma que se alojan como una suerte de cartuchos que disparan abiertamente a mansalva sin dirección específica, lo que está prohibido por el Derecho Internacional y tiene riesgos de lesionar y dañar a personas que se manifiestan. Hemos visto uso abusivo de balas de goma y gases lacrimógenos utilizados de manera incorrecta, lo que claramente denota o una ignorancia sobre cómo se usa, o una intencionalidad de dañar y lesionar, como los casos de Joel y Elias con perdida ocular”.
Otro detalle que revela la falta de aplicación de protocolos fue que no hubo apostados puestos médicos para la atención inmediata de los heridos.
“En ese momento no había postas médicas que pudieran atender lesiones. Recabamos testimonios en donde nos decían que había discriminación respecto de la atención hacia las personas que participaron de las protestas, muchos recibieron la decisión de no ir a los hospitales porque iban a ser perseguidos y hostigados”.
También se refirió a la perspectiva que se maneja en la Argentina sobre las protestas sociales.
“Hay una narrativa estigmatizaste detrás de la protesta social, lo que es parte muy necesaria de la sociedad argentina. Con las manifestaciones sociales hemos conquistado derechos, como el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo. La responsabilidad que tienen los Estados es de atacar esos focos de violencia, no de reprimir a toda la manifestación para reprimir de esa manera. Es algo muy recurrente de los gobiernos de tildar a las manifestaciones e violentas para reprimir”.
García Rey dijo que este jueves habrá más reuniones.
“Esta tarde tenemos reuniones con la Comisión de DD.HH de la Legislatura, hemos solicitado reuniones con el gobernador y no hemos recibido respuestas todavía, y solicitamos una reunión con la Secretaría de DD.HH y Pueblos Indígenas, que nos dijeron que por cuestiones de agenda no podían recibirnos”.
“La idea es que con este informe se avance y no quede con algo aislado en la provincia de Jujuy. Hay distintas formas en las que interviene la comunidad internacional. Eventualmente frente a la falta de justicia, a futuro, se puede escalar a instancias internacional, no estamos en condiciones todavía de que esto ocurra, pero es una estrategia que deberán definir las abogadas”.