Hace dos años atrás, los vecinos del recóndito y habitualmente tranquilo pueblo del departamento Valle Grande, enfrentaron el avasallamiento sobre sus terrenos ancestrales en el afán de la clase política por construir escuelas donde fuere, sin consulta previa alguna a la comunidad, aún si esto implicaba la destrucción de zonas de interés cultural y arqueológico, como efectivamente son los antigales.
Tras un extenso proceso judicial, el fallo emitido en 2024 por el Juzgado Federal de Jujuy ordenó restituir las zonas afectadas y dejar los terrenos en su estado original. Sin embargo, a menos de dos meses de la fecha límite establecida para las obras, la abogada querellante Alejandra Cejas denunció la falta de acción por parte del gobierno jujeño.
Estamos dentro del plazo para la restitución y la puesta en condiciones de todo lo destruido por el gobierno provincial, pero no hemos visto ningún movimiento significativo. La provincia no ha comenzado a demoler ni a retirar los materiales, algo que debería haberse iniciado hace semanas Estamos dentro del plazo para la restitución y la puesta en condiciones de todo lo destruido por el gobierno provincial, pero no hemos visto ningún movimiento significativo. La provincia no ha comenzado a demoler ni a retirar los materiales, algo que debería haberse iniciado hace semanas
El convenio homologado entre el gobierno provincial y la Fiscalía establece 30 días hábiles para ejecutar las obras, pero hasta la fecha no se han dado señales de cumplimiento. Cejas subrayó que, si el gobierno pudo realizar las demoliciones en tan solo 20 días, también podría haber restituido los terrenos en un tiempo similar.
Embed - El gobierno dilata la reparación de los terrenos ancestrales en Caspalá
Preocupación por el peligro procesal
Otro tema inquietante es el pedido de salida del país por parte de dos imputados, ambos exfuncionarios involucrados en las decisiones que afectaron a la comunidad. “Es insólito que pidan vacaciones en medio de un proceso penal por corrupción con una expectativa de pena de 12 años. Esto no solo demuestra una falta de respeto hacia el juzgado, sino también hacia las víctimas”, afirmó Cejas.
La abogada destacó que, en Jujuy, es común que los imputados por delitos con penas mayores a tres años enfrenten prisión preventiva para evitar fugas o entorpecimiento del proceso. Sin embargo, en este caso, no se han tomado medidas cautelares adecuadas.
