EXPLOTACIÓN

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal consideró que no se probaron mecanismos de coerción ni una afectación a la libertad de los trabajadores rurales. El juicio se extendió durante varias semanas y contó con más de 20 testimonios.

Continúan las repercusiones luego de que referentes de pueblos originarios fueran excluidos de una audiencia del gobierno vinculada a la explotación minera. Abogada de comunidades expuso lo abordado en el encuentro y advirtió sobre graves perjuicios si se avance en proyectos extractivistas.

Este jueves se llevó adelante un encuentro convocado por la Secretaría de Minería de la provincia, vinculado a trabajos extractivitas en la Cuenca de Salinas Grandes. Integrantes del pueblo originario expresaron su indignación por no ser convocados e impedirles el ingreso.

Gustavo Ontiveros, antropólogo e integrante de la Asamblea de Comunidades Indígenas Libres de Jujuy, opinó luego de conocerse que la Corte Suprema de Justicia intervendrá en el conflicto por la explotación de litio en Salinas Grandes.

El máximo tribunal se declaró competente para intervenir en la disputa entre comunidades originarias, ambientalistas y gobiernos por la explotación minera, tras denuncias de posible daño hídrico y falta de evaluaciones ambientales adecuadas.

La investigación inició por una denuncia en el hospital de la localidad de Palma Sola, ante el estado de maltrato evidenciado por un paciente que era explotado en una finca rural. Luego se descubrieron otras tres víctimas, entre ellos un joven captado cuando era adolescente.

En una entrevista que brindó a Sobremesa, el legislador electo y abogado ambientalista Kevin Ballesty calificó la gestión del exgobernador Gerardo Morales como un "discurso vacío de acciones coherentes", a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el cese de la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua. Ballesty aseguró que la decisión judicial desnudó la "hipocresía" de un gobierno que hizo campaña con la bandera ambiental y terminó avasallando las instituciones por "voracidad".

La Corte Suprema de Justicia decidió frenar la explotación petrolera en la gran reserva natural de la zona de Yungas y ordenó una reparación de daño al 2030. Impulsores de la acción de amparo comentaron la presentación realizada y sus apreciaciones del fallo.

El máximo tribunal responsabilizó a la Nación y a la provincia de Jujuy por incumplir sus deberes de control en el yacimiento Caimancito, explotado desde 1979, y cuestionó como “irrazonable” el plan provincial que preveía finalizar recién en 2049.

Recientemente, el Banco Mundial reconoció los derechos de los pueblos originarios jujeños luego de que integrantes de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc hicieron presentaciones por proyectos inconsultos. Tras la medida, los integrantes de las comunidades siguen esperando abrir el diálogo con el gobierno provincial y las empresas para un trabajo conjunto.