La magnitud del despliegue resultó en 270 allanamientos a nivel global. En el plano internacional, los procedimientos se distribuyeron principalmente en Brasil (159), seguido por Panamá y República Dominicana, entre otros países como España, Francia y Uruguay. El saldo total fue de 84 detenidos en todo el mundo por delitos vinculados a la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil.
El escenario en Jujuy y Argentina
Dentro del territorio nacional, la Unidad de Cibercrimen del CIJ identificó objetivos en múltiples jurisdicciones tras un análisis exhaustivo de reportes del NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) y el uso de herramientas de vanguardia como ICACCOPS/CPS.
En la provincia de Jujuy, se llevaron a cabo cuatro allanamientos simultáneos. Los operativos locales se focalizaron en las siguientes localidades:
- Libertador General San Martín (dos domicilios).
- San Pedro de Jujuy.
- Monterrico.
Bajo la dirección de la fiscal María Emilia Curten Haquim y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se procedió al secuestro de dispositivos electrónicos (celulares, tablets y computadoras) que serán analizados por el Laboratorio de Informática Forense. A nivel país, Argentina registró 26 detenciones, concentradas mayoritariamente en CABA (14), Córdoba, Misiones y Santa Cruz.
Coordinación y tecnología
La operación surgió de un acuerdo estratégico entre la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Ministerio Público Fiscal de CABA. Según explicó la fiscal Daniela Dupuy, la utilización del sistema ICACCOPS permitió identificar en tiempo real a usuarios de redes P2P que distribuían material ilícito.
El Fiscal General de CABA, Martín López Zavaleta, destacó la importancia de la cooperación transnacional para desarticular estas redes, señalando que el objetivo final es determinar si los implicados, además de poseer el material, son autores directos de delitos de abuso sexual contra menores. Actualmente, la investigación entra en una fase de peritaje técnico para fortalecer la evidencia digital de cara a los procesos judiciales.
