Una de las que comentó el escándalo fue la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), Susana Ustarez, quien indicó que “hay una acción dolosa o fallas en el control, en la administración, intencionales o no, pero existen y perjudican el espíritu de ambas cosas: el que da trabajo a una persona, Estado nacional provincial o municipal, se lo da en el entendimiento que tiene que prestar un servicio valioso y tener un reconocimiento. Si a la par esta persona es beneficiada, hay que ver si antes o después del empleo, si fue un empleado que luego accedió al “Potenciar Trabajo”, el acceso es irregular e incompatible. Hay que investigar más a fondo. Si el organismo contratante no comunicó la situación para que se diera la baja del plan o si el trabajo es preexistente y el otorgamiento del plan fue irregular por fallas en controles. Acá fallaron los controles”.
Embed - Apuntan a la falta de control de los Potenciar Trabajo
“Sin duda los planes son utilizados por elementos políticos para comprar voluntades o pagar deudas políticas, pero se juega además con la necesidad de las personas y se las hace cómplices. Ahora serán severamente afectadas por esta situación de incompatibilidad en donde, beneficiarios de trabajos genuinos o registrados, también acceden a estos planes. Es una ilegalidad, un delito que seguramente la Justicia, si investiga prolijamente, podrá llegar a sancionar, incluso a recuperar los fondos, porque tienen que recuperarlos de las personas involucradas en el cobro indebido y de los funcionarios que no realizaron controles o facilitaron y fueron cómplices en estas maniobras”.
“Hay que hacer cruces de información y tiene que haber organismos de control involucrados, que tengan los sistema de control adecuados y la información. Hay provincias que no otorgaron la información para el cruce porque tienen problemas para hacerlo o saben que hay irregularidades que no informaron en su momento. Hay también fallas en los procesos de control. De cada provincia esto tiene que dejar la determinación a cada uno de los actuantes, incluidos los sindicatos, de ser vigilantes de estas irregularidades porque perjudican a quienes tienen la verdadera vulnerabilidad y necesidad de un plan”.
“Hay que determinar responsables y castigarlos, garantizar a la ciudadanía que los recursos se otorgan cuando responden a una necesidad social. Ir contra todos los planes tampoco es bueno, los hay porque hay pobreza y hay trabajadores formales sumidos en pobreza extrema”.
“La Justicia tiene que funcionar y señalar las responsabilidades de todos los actores”.
