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Escándalo con los Potenciar Trabajo: dirigente considera que "fallaron los controles"

Susana Ustarez, de APOC, se expresó en relación a la polémica de que empleados estatales en todo el país cobraban el beneficio social y Jujuy no fue la excepción.

  • En relación al escándalo nacional con los planes “Potenciar Trabajo”, la dirigente jujeña de APOC consideró que “fallaron los controles”.
  • También sostuvo que las instituciones y la Justicia tienen que “señalar la responsabilidad de todos los actores”.

Muchos referentes sociales, políticos y sindicales opinaron sobre el escándalo que generó el cobro de planes “Potenciar Trabajo” de parte de agentes de la Administración Pública a nivel nacional, situación especialmente preocupante para Jujuy ya que se encuentra entre las 10 primeras con mayor cantidad de beneficiarios en esta condición.

Una de las que comentó el escándalo fue la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), Susana Ustarez, quien indicó que “hay una acción dolosa o fallas en el control, en la administración, intencionales o no, pero existen y perjudican el espíritu de ambas cosas: el que da trabajo a una persona, Estado nacional provincial o municipal, se lo da en el entendimiento que tiene que prestar un servicio valioso y tener un reconocimiento. Si a la par esta persona es beneficiada, hay que ver si antes o después del empleo, si fue un empleado que luego accedió al “Potenciar Trabajo”, el acceso es irregular e incompatible. Hay que investigar más a fondo. Si el organismo contratante no comunicó la situación para que se diera la baja del plan o si el trabajo es preexistente y el otorgamiento del plan fue irregular por fallas en controles. Acá fallaron los controles”.

Embed - Apuntan a la falta de control de los Potenciar Trabajo

“Sin duda los planes son utilizados por elementos políticos para comprar voluntades o pagar deudas políticas, pero se juega además con la necesidad de las personas y se las hace cómplices. Ahora serán severamente afectadas por esta situación de incompatibilidad en donde, beneficiarios de trabajos genuinos o registrados, también acceden a estos planes. Es una ilegalidad, un delito que seguramente la Justicia, si investiga prolijamente, podrá llegar a sancionar, incluso a recuperar los fondos, porque tienen que recuperarlos de las personas involucradas en el cobro indebido y de los funcionarios que no realizaron controles o facilitaron y fueron cómplices en estas maniobras”.

Hay que hacer cruces de información y tiene que haber organismos de control involucrados, que tengan los sistema de control adecuados y la información. Hay provincias que no otorgaron la información para el cruce porque tienen problemas para hacerlo o saben que hay irregularidades que no informaron en su momento. Hay también fallas en los procesos de control. De cada provincia esto tiene que dejar la determinación a cada uno de los actuantes, incluidos los sindicatos, de ser vigilantes de estas irregularidades porque perjudican a quienes tienen la verdadera vulnerabilidad y necesidad de un plan”.

Hay que determinar responsables y castigarlos, garantizar a la ciudadanía que los recursos se otorgan cuando responden a una necesidad social. Ir contra todos los planes tampoco es bueno, los hay porque hay pobreza y hay trabajadores formales sumidos en pobreza extrema”.

“La Justicia tiene que funcionar y señalar las responsabilidades de todos los actores”.

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