El conflicto con dos ediles que obtuvieron su banca en las últimas elecciones pero no pueden asumir sus funciones lleva más de cinco meses. La Justicia dictó una multa económica para el presidente del Concejo Deliberante por desobediencia judicial y la Legislatura evalúa la intervención de la Municipalidad.
La situación de la concejal electa de La Quiaca, Marcela López, no ha cambiado en nada: lleva más de 5 meses sin poder asumir a su banca del Concejo Deliberante.
Lo cierto es que, según develó, su causa tuvo dos fallos importantes a su favor y una drástica advertencia por parte de la Legislatura de la provincia que podría terminar en la intervención del municipio fronterizo.
Marcela López dialogó con Radio 2 y expuso que la Justicia dictaminó que el presidente del Concejo Deliberante, Hugo Barro, deberá pagar de su propio sueldo una multa diaria de $80.000 a partir de hoy por negarse a convocar a la sesión para que juren los concejales electos.
Esta sanción personal se suma a las "astreintes" (sanciones conminatorias) previas que ya pesan sobre el Concejo Deliberante como institución, las cuales ascienden a $50.000 diarios. La edil advirtió con pesar que, debido a la complicidad política, teme que estos costos terminen siendo costeados con los impuestos de los ciudadanos quiaqueños.
Por otra parte, López reveló que en la sesión celebrada hoy en la Legislatura de Jujuy se aprobó una resolución que intima formalmente al Concejo Deliberante de La Quiaca a tomarles juramento a ella y a Gustavo Farfán de manera inmediata.
En caso de mantener el desacato, la Cámara de Diputados solicitará la intervención federal tanto del Concejo Deliberante como de la Municipalidad de La Quiaca. En tal sentido, enfatizó que la intervención es la única garantía de seguridad que tienen, ya que teme que si asumen bajo el esquema actual, el oficialismo "les plante causas armadas" en menos de quince días.
Durante la entrevista, López calificó al intendente Dante Velázquez como "un gran actor" que se promociona ante la Unión Europea pero mantiene una gestión completamente opaca (aseguró que no rindió cuentas del ejercicio fiscal 2025). Lanzó tres acusaciones de extrema gravedad:
