Biocombustibles: dar previsibilidad a la generación de empleo

El sector de biocombustibles comenzó a desarrollarse en 2006, con la sanción de la Ley 26.093. Una ley de autoría del senador Luis Falcó, de la UCR de Río Negro, quien tuvo la visión y la grandeza de sumar 50 firmas en su proyecto, sobre un total de 72 senadores.

Él fue buscando los puntos en común para llegar a ese texto que dejara a todos conformes. Era 2004, y unos meses después que lograra la sanción en el Senado, Diputados le introduciría modificaciones que fueron aceptadas. Pocos meses más tarde moría, habiéndonos dejado la iniciativa y el trabajo que nos permitió exportar combustibles unos años más tarde.

Esa ley de 2006, fue apoyada por casi todos los diputados y senadores que entendieron que se trataba de una norma con visión estratégica, impulsada expresamente por Néstor Kirchner –quien venía de una provincia petrolera– y que permitió que se crearan empleos industriales genuinos en diez provincias.

En estos 15 años, todo un nuevo sector vio la luz, con la incorporación de 250.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Ha sido una industria que ha ahorrado divisas, evitando la importación de combustibles, y generado divisas en los momentos en que hemos exportado biodiesel. Pero como siempre hay quien se opone a cualquier buena iniciativa: en aquel entonces, hubo cinco firmas en contra, y una fue la de Mauricio Macri, que ni siquiera estuvo en el tratamiento de la ley en el recinto. Hoy, el mismo sector vuelve a poner palos en la rueda. Cambian los nombres pero no cambian las prácticas.

En mi vida como legisladora, siempre he impulsado la idea de que las normas deben ser revisadas cada cierto tiempo. Son muy pocas las leyes que válidas para siempre. A 15 años vista, esta es, sin dudas, una excelente ley y una excelente política. Está en línea con los objetivos del Protocolo de Kyoto para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, con la idea de que hay que cambiar por formas de producción más amigables con el medio ambiente.

Muchos creemos que podemos llegar a acuerdos sobre cómo debe seguir el sector en el futuro, pero lo que hoy es urgente es la seguridad jurídica para 54 empresas que necesitan saber a qué precios van a vender sus productos. Si no interviniera el Estado, esas empresas quedarían a merced del mercado dominado por tres grandes empresas que podrían imponer su poder para bajarles los precios de venta y, con eso, afectar los salarios y empleos del sector.

Sin embargo, a 15 años de marcha, aparecen voces que se oponen a la prórroga de una ley que ha servido para la creación de puestos de trabajo privados en el sector industrial, con salarios mayores que los sueldos informales o agrícolas que vemos en nuestras provincias, y ha servido a aliviar la escasez de dólares por la vía de menos importaciones y más exportaciones.

Esas voces que se oponen lo hacen por poner su mirada sectorial por sobre el interés general. El Senado de la Nación votó la prórroga por unanimidad. Sí: cuando hace falta hay grandes acuerdos, porque partidos provinciales y nacionales votaron de la misma manera.

Pero en la Cámara de Diputados no está ocurriendo lo mismo. Los lobbies sectoriales, de los que quedaron afuera de un negocio próspero, pero que necesita certeza sobre su futuro, amenazan con que “si yo no puedo entrar, entonces que se caiga el negocio”. Una actitud no muy democrática y que no mira las consecuencias de los actos propios.

Una de las grandes virtudes de esa vieja ley de 2006 fue que permitió que muchas pymes entraran a producir energía verde. Algunas de ellas se reconvirtieron para producir, otras nacieron desde entonces. Son empresas nacionales, con intereses en nuestro país y mano de obra nacional. En un país en el que nos quieren hacer creer que todo termina mal, tenemos como contraejemplo para mostrar que hay un sector en el que las pymes dominan la producción y no se concentran en la Capital Federal.

Creo que es tiempo de actuar con grandes miras, como en 2006, juntos, para que podamos mostrar que la dirigencia política entiende que la mirada estratégica general es mucho más importante que los intereses sectoriales. Esperemos que los diputados de todos los partidos políticos estén a la altura de lo que el pueblo, y no algunos pocos empresarios, esperan de ellos.