Sin embargo, en los últimos días, su causa tuvo dos fallos importantes a su favor:
- La Justicia dictaminó que el presidente del Concejo Deliberante, Hugo Barro, debía pagar de su propio sueldo una multa diaria de $80.000 por negarse a convocar a la sesión para que juren los concejales electos.
- Además, la Legislatura aprobó una resolución que intima formalmente al Concejo Deliberante de La Quiaca a tomarles juramento a ella y a Gustavo Farfán de manera inmediata. La medida incluía una amenaza de intervenir el municipio.
Tras 6 meses, llegó la solución al conflicto
Luego de las recientes determinaciones, finalmente este lunes se concretó el acto administrativo de jura y asunción de los concejales electos.
Adrián Iconomovich, abogado de los ediles, dialogó con Radio 2 sobre lo acontecido en la jornada. Recordó que ante la negativa de dejarlos asumir, la representación legal presentó una medida cautelar que fue aceptada por el doctor De La Colina, integrante de la Suprema Corte de Justicia.
El oficialismo ignoró la orden judicial hasta que el gremio y los abogados solicitaron la aplicación de astreintes (multas económicas diarias) destinadas a ser pagadas directamente desde los bolsillos personales del presidente del Concejo Deliberante y de los tres ediles que lo acompañaban, en lugar de usar fondos públicos del municipio. Ante este perjuicio personal inminente, el oficialismo convocó a sesión de urgencia de manera inmediata.
Remarcó que el acto de asunción de esta mañana consistió en una sesión especial sumamente corta: solo se tomó el juramento de rigor, se controlaron los papeles y se volvió a cerrar el Concejo Deliberante. El letrado lamentó que los concejales ingresaran bajo este esquema, ya que al haber sido bloqueados durante medio año, no pudieron participar ni votar en la designación de las autoridades parlamentarias (presidencias, vicepresidencias y tesorerías) que conducirán el cuerpo.
Iconomovich aclaró que la batalla legal no terminó con la asunción. La fuerza política continuará con la demanda de fondo que exige la anulación total de la sesión del 10 de diciembre, jornada en la que el oficialismo sesionó argumentando una supuesta falta de quórum para dejar afuera a los ediles electos mientras designaba autoridades a su conveniencia.