El superávit ¿es para distribuir dignidad o para administrar la precarización?

Pero, además, Remy sostiene que en 2025, según información oficial el superávit del primer trimestre asciende a 126.808 millones de pesos. Un monto que es el equivalente al 45 por ciento de la masa salarial. Sin embargo el gobierno ofrece en esto que le llaman “paritarias” un miserable dos por ciento.

El gobierno dice que con esto logra el equilibrio fiscal con inclusión social. Pobreza extrema ¿es inclusión social? violencia extrema ¿es inclusión social? docentes sin contención emocional con el antecedente del deceso de dos docentes en las escuelas por presión extra escolar ¿es inclusión social? salarios deprimidos desde hace 10 años ¿es sinónimo de inclusión social? son preguntas...

Mientras se habla de superávit y ahorro fiscal, ¿qué pasa con la calidad de vida de quienes viven en situación de pobreza o vulnerabilidad?

La inclusión social ¿significa garantizar acceso a una educación pública digna, a una salud integral y a condiciones laborales justas?

Y qué decir de la protección emocional y la salud mental de quienes enfrentan situaciones de crisis, como docentes y trabajadores expuestos a condiciones de alta presión y estrés sin apoyo adecuado.

¿Se está priorizando realmente el bienestar de las comunidades o solo se buscan equilibrios macroeconómicos que dejan a muchas personas fuera del impacto positivo?

¿Es inclusión social un concepto que también implica participación activa y democrática de las comunidades en la definición de políticas?

¿O seguimos hablando de inclusión solo en términos formales y de números que ocultan realidades profundamente marcadas por la desigualdad y la exclusión?

¿Puede considerarse inclusión social un estado que no garantiza derechos básicos, que no promueve la igualdad de oportunidades y que, en la práctica, sigue dejando fuera a sectores vulnerables?

La verdadera inclusión social no se mide solo con números en una hoja de balance. Es una voluntad política de transformar la realidad de quienes enfrentan la pobreza, la desigualdad y la exclusión.

Un superávit puede ser un instrumento para garantizar derechos básicos: ampliar la inversión en educación pública de calidad, fortalecer los sistemas de salud, promover políticas de empleo digno y proteger los derechos laborales.

Pero también implica redistribuir recursos, cambiar prioridades y poner en marcha políticas que pongan a las comunidades en el centro de la planificación. Significa reconocer que la desigualdad no es solo un problema económico, sino una cuestión de justicia social, de dignidad humana.

No basta con acumular fondos; esa riqueza debe volcarse en mejorar la calidad de vida, en cerrar brechas que durante años han marginado a millones. la inclusión social es un proceso activo que requiere compromiso, inversión y una mirada integral que piense en el ser humano en todas sus dimensiones.

Entonces, si ese superávit no se usa para avanzar en esos derechos, solo será un reflejo de una gestión fiscal que no ha logrado traducir los números en bienestar real. La pregunta clave es: ¿estamos dispuestos a convertir esas cifras en acciones concretas que hagan realidad la inclusión social, o solo las dejamos en el papel?

El gobierno, a pesar de contar con un superávit millonario, prefiere seguir administrando la precariedad.

Es una realidad que nos obliga a cuestionar qué significa realmente ese ahorro en las cuentas públicas. ¿Es una política que busca fortalecer las condiciones de vida de la población o simplemente administra la pobreza y la desigualdad?

Un superávit, en teoría, debería traducirse en mejores servicios, en políticas sociales que garanticen derechos y en una verdadera inclusión social. Pero si en lugar de ello, ese dinero se queda en las arcas del Estado, ¿qué estamos diciendo sobre las prioridades?

La precariedad no es solo una condición económica, sino una forma de dominación que perpetúa la desigualdad y la exclusión. Significa que hay sectores de la población que no tienen acceso a condiciones dignas de trabajo, educación, salud o vivienda.

La capacidad de un estado para transformar esas condiciones, para dejar atrás la lógica de la austeridad que solo administra la pobreza, es la verdadera medida de su compromiso con la justicia social.

Mientras tanto, esos fondos podrían ser utilizados para fortalecer programas de protección social, para invertir en infraestructura social, para reducir las brechas que dejan afuera a millones. pero si esa opción no se elige, solo estamos financiando una gestión que prefiere administrar la pobreza en lugar de erradicarla.

¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que los recursos disponibles sirvan solo para sostener una precariedad que debería ser historia? la verdadera gestión inteligente y responsable es aquella que apuesta a la dignidad, a la inclusión y al bien común.

Hay que ver que pasa alrededor de la provincia de Jujuy examinemos lo que ocurre en provincias vecinas: El caso de la provincia de Santiago del Estero un distrito pobre, similar al contexto que nos presenta la provincia de Jujuy han logrado imponer una receta de sentido común que termina configurando un estado ordenado y sin tensiones instrumentando una agenda que por lo menos invita a crecer

Control del gasto público: priorizaron la austeridad y reducción de gastos superfluos, focalizando en áreas esenciales como salud, educación y seguridad pública.

Recaudación eficiente: mejoraron la fiscalización y administración tributaria para ampliar la base de ingresos sin aumentar impuestos en exceso, buscando una recaudación justa y sustentable.

Disciplina fiscal: lograron mantener un equilibrio entre ingresos y egresos, evitando endeudamientos excesivos y garantizando la solvencia a largo plazo.

Política de inversión selectiva: destinaron recursos a proyectos que generan impacto social y económico a mediano y largo plazo, sin comprometer la estabilidad fiscal.

Priorizar la transparencia: mantienen una administración financiera clara y transparente para generar confianza en los ciudadanos y en los organismos de control.

Estabilidad macroeconómica: implementaron políticas para fomentar un entorno económico previsible, reduciendo la inflación y promoviendo la inversión local.

Entendieron después de tantos fracasos que debían, con lo que tenían a mano, dejar de ser el último orejón del tarro.