Angela Cisnero, tía de los chicos, dio a conocer en Radio 2, que el padre es una persona violenta y que la mamá tiene un leve retraso madurativo, por lo que habían requerido a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que actúe con celeridad para poner al resguardo a los menores y así evitar una desgracia.
Dichos pedidos fueron desoídos, tanto en la repartición de capital como en la Oficina de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (OPD) de El Carmen, argumentando que nada se podía hacer contra la autoridad de los padres.
“Ahí en El Carmen ya se había informado la situación de los chicos a la señora Marcela Olazo del OPD y ella dijo que iban a ir a verlos y hacer seguimiento. Con mis hermanos íbamos a juntar plata para pagar un abogado y ver el tema porque desde la parte pública no nos llevaban el apunte”.
Angela relató que al parecer los chicos ingirieron algo que les cayó mal y a la beba la fulminó.
“La nena comenzó a tener vómitos y diarrea el jueves, la mamá no la llevó al hospital. Creo que la llevó el viernes a la noche volando en fiebre y aduce que en el hospital no la atendieron”.
“Me dolió en el alma la perdida de la bebé y no puedo imaginarme lo que debe haber sufrido. La llevaron el sábado a las 3 de la tarde de nuevo, cuando la beba ya no se despertó más”.
En estos momentos Angela está en Córdoba por razones de salud, pero desde allí pidió apoyo para una sobrina de ella que se encuentra requiriendo ante las autoridades que saquen definitivamente a los menores del domicilio en el que están porque sus progenitores no son personas aptas para cuidarlos.
Esto no solo lo advirtió la familia de los chicos, sino también los vecinos que sabían cómo vivían, e incluso las maestras del niño de 8 años que en reiteradas ocasiones llamaron la atención a la mamá por como lo mandaba a la escuela.
Ninguno de estos testimonios y pruebas alcanzó para que el Estado o la Justicia actuaran de oficio.
Más bien ahora surgen reproches hacia los denunciantes por hacer público el reclamo en las redes y los medios, muchas veces las únicas vías accesibles que encuentra la gente para hacerse escuchar.
“Ayer estuvo una abogada de la Secretaría de Niñez pero sé que están molestos porque los nombraron en una publicación de facebook. Así hacen. No voy a nombrar quien pero ellos se enojan porque vos haces pública la situación. Gracias a que existen las redes la gente puede conocer toda la burocracia que es el gobierno”, expresó Angela.
El caso de estos niños de El Carmen dejó nuevamente al descubierto que la enorme estructura que posee el gobierno provincial, no funciona.
Para tratar estas situaciones Jujuy cuenta con un Ministerio de Desarrollo Humano, una Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, 36 Oficinas de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (OPD), un Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras áreas de menor rango o complementarias.
Según el gobierno, el objetivo para el cual son creadas apunta a mejorar los mecanismos de respuesta, pero por el contrario, terminan causando que los trámites se vuelvan más engorrosos, pasando de oficina en oficina y quedando en manos de personas a las cuales se les asignan funciones sólo para justificar el cargo que ocupan.
Un claro ejemplo de cómo es la burocracia en Jujuy se vivió la semana pasada tras la desaparición de Iara Rueda y Gabriela Cruz en Palpalá, cuyas familias tuvieron que salir a hacer rastrillajes por su cuenta, porque desde las áreas del Estado y la Justicia dejaron pendiente el operativo para la semana siguiente, logrando hallar a ambas pero ya muertas.
Y el gobierno, lejos de recriminar o desplazar a los funcionarios que incurren en incumplimiento de sus deberes, los avala o reubica en otros puestos clave.
Haciendo hincapié en el Ministerio de Desarrollo Humano, no es la primera vez que la Secretaría de Niñez es cuestionada por sus errores operativos u omisiones.
El caso más resonante fue el filicidio de Alexis Mamaní, que en marzo de 2018 generó una ola de críticas por el mal de desempeño de los funcionarios que podrían haber evitado su muerte. Una de las investigadas por el hecho fue la Directora Provincial de Niñez, Gabriela Ferreyra Jenks, quien terminó saliendo airosa tras haber sido sobreseída por el ala radical de la Justicia en un trámite exprés, y más tarde reubicada en un nuevo cargo en el Ministerio de Trabajo.
