Su cuerpo, ultrajado con una crueldad indescriptible, fue abandonado en un descampado del barrio Martijena, con signos inequívocos de haber sido golpeada, violada y quemada. Quince años después, la respuesta del Estado provincial sigue siendo la misma: absoluta impunidad.
El paso del tiempo no ha borrado el dolor ni ha doblegado las fuerzas de su madre, Florinda Mamaní, y de su tía, quienes año tras año encabezan una lucha titánica contra la burocracia judicial. El derrotero de la familia Vilte expone las peores falencias del sistema penal de Jujuy.
A lo largo de esta década y media, la causa pasó por un sinfín de escritorios, acumula abogados querellantes que renunciaron tras recibir amenazas y un indignante historial de maltratos institucionales que incluyó el extravío del expediente judicial, una maniobra burda denunciada de forma reiterada ante los tribunales de la calle Belgrano para dilatar la investigación y bloquear el acceso a las nuevas abogadas de la querella.
Las promesas oficiales se diluyeron con los años. Aquellas imputaciones iniciales contra tres personas que fueron las últimas en verla con vida quedaron en la nada, dictándose la falta de mérito ante la incapacidad de la fiscalía —inicialmente a cargo del Juez Eduardo Gutiérrez y posteriormente de la fiscal María Cravero de Savio bajo el viejo sistema de Causas Ley— para recolectar pruebas científicas y testimoniales contundentes.
Hoy, los sospechosos caminan libres por las calles de Palpalá, mientras que la familia de Kathy se vio obligada en más de una oportunidad a trasladar sus marchas a Buenos Aires bajo una premisa dolorosa pero real: "En Jujuy no hay justicia".
A 15 años del brutal crimen, el nombre de Kathy Vilte no es solo un recuerdo de dolor familiar; se ha transformado en una bandera histórica del Ni Una Menos y de los colectivos feministas locales. Su caso representa la antesala de la lucha que hoy sostiene la Ley Iara, evidenciando que la matriz de desidia ante la violencia de género en la provincia viene de larga data.
Cronología de una década y media de desidia
- Mayo de 2011 (El Crimen): Kathy Vilte, de 16 años, asiste a un recital de rock en el cine teatro Altos Hornos Zapla en Palpalá y luego se retira con conocidos hacia la zona de "El Mirador".
- 27 de Mayo de 2011 (El Hallazgo): Encuentan el cuerpo sin vida de la adolescente en un descampado del barrio Martijena. Las pericias confirman que fue salvajemente golpeada, violada y quemada.
- 2011 - 2014 (Primeras marchas y amenazas): La familia inicia movilizaciones junto a los "Padres del Dolor". Los primeros abogados querellantes de la familia renuncian tras denunciar graves amenazas.
- 2015 (Imputaciones fallidas): El Juzgado de Instrucción de Causas Ley imputa a tres personas. Meses después, la justicia les dicta la falta de mérito y excarcelación por severas deficiencias en la recolección de pruebas policiales.
- 2018 (Traslado del reclamo a Buenos Aires): Ante la parálisis total de los tribunales jujeños, la madre de Kathy, Florinda Mamaní, traslada las marchas al Congreso de la Nación y a la Casa de Jujuy en Buenos Aires.
- 2020 (Antecedente de la Ley Iara): El femicidio de Iara Rueda desata una ola de protestas. El nombre de Kathy Vilte es reinstaurado por los colectivos feministas como el caso testigo de la desidia estatal histórica.
- 2022 - 2024 (La maniobra del expediente): Nuevas abogadas intentan reactivar la causa, pero denuncian públicamente trabas burocráticas y el "extravío" o retención del expediente físico en las mesas de entrada, impidiendo solicitar cotejos modernos de ADN.
- 27 de Mayo de 2026 (15 años de impunidad): Se cumple una década y media del brutal femicidio. La causa sigue abierta formalmente pero completamente paralizada, sin sospechosos detenidos ni responsables procesados.
Un pedido urgente que exige respuestas institucionales
Ante este escenario de desidia que arrastra una década y media de impunidad, se vuelve imperiosa una intervención inmediata de las máximas autoridades judiciales de la provincia.
Resulta inadmisible que, a 15 años del brutal femicidio de Kathy Vilte, el expediente continúe atrapado en las sombras de la burocracia del viejo sistema penal. Es fundamental que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) emita un pedido de informe detallado y público sobre el estado real de la causa.
El organismo debe esclarecer de forma urgente bajo qué órbita se encuentra el expediente físico, quiénes son los funcionarios responsables de su custodia y qué medidas concretas se están adoptando para reactivar la investigación.
Tal como lo manifiestan organismos abocados a la lucha por la verdad y justicia, la creación de fiscalías especializadas en violencia de género no puede ser solo una lavada de cara institucional frente a las marchas del Ni Una Menos; debe traducirse en acciones reales que saquen de la parálisis los casos históricos, como en este caso, el de Palpalá.
La sociedad jujeña y la memoria de Kathy exigen saber la verdad: la impunidad también es complicidad.
