Lo que durante meses se instaló como un reclamo sostenido en la agenda periodística de Jujuy, frente al silencio de los organismos de control y el peso asfixiante de las tarifas sobre los usuarios, finalmente rompió el cerco mediático y se transformó en un escándalo de repercusión nacional.
Escándalo con la luz en Jujuy: la denuncia por evasión millonaria de EJESA escaló a la agenda nacional
La opacidad en la facturación y los cuestionamientos contra la distribuidora eléctrica traspasaron las fronteras provinciales. Tras las revelaciones iniciales que dimos a conocer en Jujuy al Momento, un informe publicado por el portal Ámbito puso bajo la lupa judicial el presunto fraude superior a los $6.600 millones vinculado a maniobras con el IVA y cobros indebidos de impuestos a los combustibles.
La causa judicial que investiga a EJESA (Empresa Jujeña de Energía S.A.) y a sus administradores nucleados en el Grupo Neuss por una presunta evasión tributaria de más de $6.600 millones escaló a los principales medios del país, validando las advertencias que se venían realizando desde la provincia.
Del reclamo local a la portada de Ámbito
El caso, que ya había sido expuesto en profundidad por JujuyalMomento al detallar los mecanismos con los que la distribuidora abultaba las facturas de los hogares y comercios jujeños, tomó dimensión federal tras la cobertura del portal nacional Ámbito. La publicación expuso los detalles de la denuncia penal que tramita en la Justicia Federal y que salpica de lleno a los ejecutivos de la compañía.
El expediente judicial expone un complejo ardid contable estructurado en dos ejes principales:
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La evasión oculta del IVA: Aplicada sobre los cargos del Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ) tanto a usuarios residenciales como no residenciales.
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La recaudación ilícita de impuestos inexistentes: El cobro indebido de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ITC) y al Dióxido de Carbono (ICO2) bajo el argumento de una generación térmica aislada a diésel que, en los hechos, nunca se compró ni se utilizó.
Según revela el informe periodístico de Ámbito, la empresa habría montado un esquema para cargar sobre las espaldas de los consumidores y de las arcas públicas costos tributarios ficticios, generando un perjuicio multimillonario.
La responsabilidad política y el rol de la SUSEPU
El salto del caso a la prensa nacional vuelve a poner en el centro del debate a los organismos de contralor de la provincia, especialmente a la SUSEPU (Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones) y al Ministerio de Infraestructura.
Mientras los usuarios jujeños continúan sufriendo tarifas impagables y servicios deficientes, la visibilización del expediente en Ámbito desarma el relato oficial de que la concesión opera bajo estrictas normas de legalidad. La discusión ya no se limita al costo del kilovatio, sino a la falta de controles estatales frente a una distribuidora que hoy debe rendir cuentas ante la Justicia Federal por presunta defraudación fiscal.