Sin ir muy lejos, en los últimos días, emitió un decreto de emergencia y anunció que habrá sanciones de $500 millones a EJESA por los cortes de luz, además de establecerse un esquema de resarcimiento para los usuarios que sufrieron las interrupciones prolongadas del servicio.
Desde la asociación de defensa del consumidor CODELCO, advirtieron sobre la letra chica de las multas a la empresa: existe una distinción clave entre el monto punitorio impuesto a la prestadora y el beneficio directo que debe llegar al bolsillo de los clientes.
Quien se sumó a los análisis y cuestionamientos fue el responsable de CODECUC, Alejandro Mur, que criticó duramente las medidas adoptadas por el gobierno provincial. En diálogo con Radio 2, calificó la multa como una sanción insuficiente que no compensa el perjuicio causado a miles de familias y comerciantes jujeños.
"Para una empresa que factura miles de millones, 500 millones es un vuelto. Esta multa y la posterior auditoría externa que pretenden contratar son la prueba irrefutable del incumplimiento grave, intencional y continuado del contrato de concesión. Corresponde aplicar la Ley 4888 y rescindir el contrato inmediatamente", aseveró el abogado.
Inconsistencias en las cifras y dudas sobre las compensaciones
El referente de las asociaciones de usuarios puso el foco en la falta de transparencia respecto a la cantidad real de damnificados y al mecanismo que se utilizará para prorratear las devoluciones en las próximas facturas:
- Baile de números: Mientras la Resolución de la SUSEPU menciona a 16.000 servicios afectados, en conferencias de prensa los propios directivos de EJESA admitieron haber recibido más de 70.000 reclamos, estimándose desde los sectores de defensa del consumidor que la cifra real supera los 100.000 usuarios afectados en toda la provincia.
- Gastos innecesarios: Mur rechazó la decisión de contratar una consultora privada externa para auditar el estado del servicio: "Es un gasto millonario innecesario. El organismo de control y la Universidad Nacional de Jujuy cuentan con profesionales de sobra para hacer un informe técnico e imparcial".
- Trámite administrativo y demoras: Advirtió que la multa podría ser recurrida por la empresa mediante vías administrativas (recursos de reconsideración o jerárquicos), lo que dilataría el pago o la bonificación por meses o incluso un año.