A raíz de ello, el gobierno provincial emitió un decreto de emergencia energética medida que contempla extensiones de plazos pero no un freno a los desmedidos aumentos tarifarios. Siguiendo con las medidas ante el fervor popular, el vocero gubernamental anunció que habrá sanciones de $500 millones a EJESA por los cortes de luz y se estableció un esquema de resarcimiento para los usuarios que sufrieron las interrupciones prolongadas del servicio.
Análisis y explicaciones
La titular del Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO), Alicia Chalabe, dialogó con Radio 2 y analizó los alcances legales de la medida y brindó detalles sobre los derechos que asisten a las familias afectadas.
La especialista remarcó que existe una distinción clave entre el monto punitorio impuesto a la prestadora y el beneficio directo que debe llegar al bolsillo de los clientes:
Hay que separar dos cuestiones: una es la multa aplicada por el ente regulador, cuyo dinero va a las arcas estatales, y otra muy distinta es la compensación extraordinaria que la empresa debe acreditar en las facturas de los usuarios por las horas sin servicio. Hay que separar dos cuestiones: una es la multa aplicada por el ente regulador, cuyo dinero va a las arcas estatales, y otra muy distinta es la compensación extraordinaria que la empresa debe acreditar en las facturas de los usuarios por las horas sin servicio.
Respecto a la devolución económica que beneficiaría a unos 120 mil usuarios, Chalabe explicó que el cálculo oficial se basa en multiplicar por tres el valor hora consumido por la cantidad de tiempo que duró la desconexión. Sin embargo, instó a revisar los considerandos de la Resolución N° 242 cuando sea publicada.
Asimismo, anticipó que la empresa distribuidora probablemente recurra la sanción en el ámbito administrativo: EJE SA dispone de plazos legales para impugnar la resolución ante la SUSEPU, la Secretaría de Energía y el Poder Ejecutivo, o bien acudir a la justicia contencioso-administrativa.
Consultada sobre las exigencias del Gobierno provincial para que la empresa acelere inversiones por 1.000 millones de pesos antes de fin de año y se someta a una auditoría externa, la abogada cuestionó la falta de transparencia en los contratos de concesión: "Estos planes de inversión de mil millones ya deben estar convenidos en las cláusulas contractuales firmadas entre la provincia y EJE SA. Los usuarios tenemos derecho a ver esos contratos y saber qué estamos pagando. Además, si el órgano técnico es la SUSEPU, habría que transparentar cuánto le costará a la gente contratar una auditoría externa".
Por último, desde CODELCO remarcaron la importancia de no dejar pasar las interrupciones del servicio y generar siempre un número de gestión formal, ya sea a través de las vías digitales o el WhatsApp oficial de la distribuidora. "El usuario que no reclama, no va a recibir compensación. Aunque la línea colapse, hay que insistir y conservar el número de expediente. Es la única herramienta legal ante eventuales pérdidas materiales o emergencias de salud en el hogar", concluyó la letrada.
