EJESA

La organización de defensa de los consumidores cuestionó el alcance del decreto 5658, mediante el cual el Gobierno provincial declaró la emergencia energética y tarifaria. Su referente, Alejandro Mur, sostuvo que la medida no reduce las facturas ni modifica el esquema tarifario y que solamente posterga los cortes por falta de pago. También se refirió a la demanda colectiva contra EJESA por los cortes de julio.

El relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo expuso además que el impacto de los servicios esenciales sobre la economía familiar obligó a más del 80 % de los encuestados a recortar gastos básicos en alimentación y medicamentos.

Familias que dependen de un medidor comunitario recibieron liquidaciones que superan los 2 millones pesos, sumadas a una notificación por más de un millón adicional. Reclaman la regularización dominial y la instalación de medidores individuales para frenar el impacto en la economía del barrio.

En el marco del descontento social por el tarifazo, desde el Espacio de Participación Popular, ratificaron la continuidad del plan de lucha para exigir una reunión con la SUSEPU. Denuncian que el decreto de emergencia del gobierno resulta "engañoso" y mantiene los cortes a los usuarios.

Ingresó al Concejo Deliberante una iniciativa que solicita a la Legislatura retrotraer el precio del servicio eléctrico y auditar las inversiones de la distribuidora. Desde la oposición cuestionan la falta de debate en el recinto comunal y rechazan el costo del eventual desdoblamiento electoral en la provincia.

Referentes vecinales que recorren las cuatro regiones de la provincia juntando firmas, denunciaron que los incrementos son "confiscatorios" y que no se aplican los 20 días de gracia anunciados por el gobierno.

Continúa el recorrido provincial para presentar una Iniciativa Popular ante la Legislatura. Los vecinos impulsores de la movida aseguran que las facturas se han duplicado, advirtiendo sobre el impacto devastador tanto en hogares como en comercios.

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Federico Canedi, confirmó la presentación de una demanda colectiva contra el Estado provincial y EJESA para cuestionar distintos conceptos incluidos en las facturas de electricidad que, según sostiene, no deberían ser trasladados a los usuarios.

La asociación de defensa del consumidor CODECUC inició la acción judicial en representación de los afectados por el colapso del servicio en julio. Solicitan la refacturación de los días sin suministro, indemnizaciones por daños y la prohibición de cortes a sectores vulnerables.

La abogada de defensa del consumidor, Alicia Chalabe, aclaró que el contrato de distribución eléctrica fue firmado en 1996 por un plazo de 50 años. Señaló que las instancias quinquenales corresponden únicamente a revisiones tarifarias y advirtió sobre la falta de acceso a la información tras la llegada de los nuevos dueños de la empresa.