Jujuy | Economía | deuda | deuda en dólares

Por las deudas y la reducción de fondos, los trabajadores volverían a ser variable de ajuste

El gobierno de Carlos Sadir afrontará durante 2024 múltiples vencimientos de deuda, sabiendo que los fondos enviados por Nación se redujeron abruptamente. En una provincia con gran dependencia de los aportes de tesoro y recursos coparticipables, el gasto público en salarios podría volver a funcionar como la caja preferida del recorte.

  • El superávit primario de Jujuy está lejos de contener los vencimientos de deuda que se avecinan.
  • Economista local alerta sobre la aplicación de un severo ajuste sobre el gasto público para cumplir con los acreedores.

Las cuentas provinciales están cada vez más teñidas de rojo, los compromisos de deuda perseguirán de cerca al erario público durante el período 2024 con vencimientos millonarios, buena parte en moneda extranjera. Podría parecer que el superávit fiscal registrado en los últimos cuatro ejercicios no existió, pero eso sería un error conceptual, aunque vale aclarar que el ex gobernador Morales en sus declaraciones mediáticas "...Tengo equilibrio fiscal...Me sobra la plata...", incurrió en una suerte de falacia de composición. El hecho de que los gastos corrientes y de capital hayan sido superados de manera sostenida en el tiempo dando por la recaudación, no implica que las cuentas estén saneadas.

Embed - Gerardo Morales: "Tengo equilibrio fiscal, me sobra plata"

El superávit fiscal existe, debido principalmente a la depreciación salarial de los trabajadores estatales, la masa de asalariados dentro del sistema formal que mayor movimiento económico generan en la actividad comercial local (el sector privado registrado solo llega al 60% en comparación). Achicando el principal ítem de gasto público, al tiempo que se acrecienta la recaudación a ritmos propios de la inflación, termina por dar saldo favorable en la ecuación ingreso-egreso, siempre que el gasto financiero no sea contemplado. Al término de 2023, se calculó que la pérdida de poder adquisitivo promedio rondaba el 100%.

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Recientemente el diputado provincial y economista Gastón Remy, advirtió este peligro en sus redes sociales, usando como ejemplo de predicción lo ocurrido en La Rioja, donde el gobernador Quintela optó por crear una cuasimoneda ante la eliminación de fondos habitualmente transferidos desde Nación. La emisión de $22.500 millones de BOCADE o "El Chacho", como se la bautizó popularmente, implica a partir de su emisión (pactada para abril) una licuación salarial. El referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores teme que usando otra metodología, como la explicada líneas arriba, se replique en Jujuy.

La deuda entre 2015 a 2022 incrementó poco más de 1000% y más del 70% de su composición está en moneda extranjera. Si bien la restructuración del bono verde oxígeno la presión de pagos y los intereses con el Eximbank chino se han pagado a tiempo, el Estado jujeño mantiene un stock de deuda con múltiples fondos fiduciarios, organismos internacionales de crédito, instituciones bancarias extranjeras, entre otros.

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El resultado primario informado por el Ministerio de Hacienda para el tercer trimestre de 2023, efectivamente mostró que los ingresos superaron los gastos corrientes y de capital por $19.846.190.339,58

Desde el gobierno provincial han manifestado su preocupación por los compromisos de deuda que deberá afrontar durante el año vigente, no es un secreto a voces, ha sido uno de los argumentos para justificar la oferta de 30% de aumento salarial, según informaron desde la Intergremial. El inminente recorte de fondos coparticipables u otras transferencias que otrora la Nación enviaba, implica un desequilibrio de la economía doméstica presupuestada: el 82% de los recursos de la provincia llegaba por esa vía, ratificando la sobredependencia de Jujuy respecto de los aportes llegados de Nación.

El 72% del gasto público va destinado a los salarios y como ya ha quedado demostrado en los ocho años previos, la variable de ajuste por excelencia está en los bolsillos de los trabajadores de la administración pública. La primera prueba que fundamenta la teoría de Remy está en la oferta que por estos días se dirime sobre la mesa paritaria. Con una inflación acumulada entre diciembre-enero superior al 46% resulta improcedente aumentar el salario un 30%. La reticencia a implementar una cláusula de actualización automática o gatillo, como han hecho otras provincias fundamenta la intención de atar los salarios a la discreción de los funcionarios.

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