Reglamentación de la reforma laboral

El G6, compuesto por algunas de las organizaciones empresariales más poderosas del país, ha dedicado las últimas semanas a intentar garantizar que la reglamentación de la ley no deje lugar a interpretaciones ambiguas o a conflictos posteriores. Su preocupación radica en que, pese a que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, es un reconocido abogado laboralista con un historial de defensa de los intereses del sector empresarial, el verdadero impacto de la reforma no se conocerá hasta que se publique la reglamentación definitiva.

La figura de Cordero genera cierta confianza en el sector, dado que su carrera está íntimamente ligada a la defensa de políticas favorables al empresariado. No obstante, la cautela sigue presente. La experiencia ha demostrado que, incluso con actores afines al frente de áreas claves, la letra chica de las reglamentaciones puede introducir elementos que generen incertidumbre. Los empresarios, conscientes de esta posibilidad, prefieren mantenerse vigilantes.

En este contexto, las cámaras empresarias no han dejado nada al azar. Han desplegado una intensa estrategia de lobby con el objetivo de asegurar que sus intereses estén bien representados en la reglamentación. Los empresarios buscan evitar cualquier posibilidad de que la reforma sea interpretada de manera que complique las relaciones laborales o aumente la carga de litigiosidad.

El G6 ha sido especialmente insistente en dos aspectos: la flexibilidad en la contratación y la simplificación en los procedimientos de despido. Estos temas, siempre sensibles en las negociaciones laborales, han sido puntos de tensión tanto con el sindicalismo como con los sectores más progresistas del Congreso. Sin embargo, los empresarios sostienen que son esenciales para garantizar la competitividad y atraer nuevas inversiones.

Por su parte, el sindicalismo no ha permanecido pasivo. Diversos gremios han señalado que, pese a que la reforma fue moderada respecto del DNU original, sigue representando un retroceso en términos de derechos laborales. La centralidad de la reglamentación también preocupa a los sindicatos, que temen que la versión final sea aún más favorable a los intereses empresariales y erosione las conquistas laborales de las últimas décadas.

La espera por la publicación oficial de la reglamentación mantiene en vilo a ambos sectores. Para los empresarios, una reglamentación clara y alineada con sus demandas es vital para operar con previsibilidad en un entorno económico que ya de por sí es complejo. En el mundo de los negocios, la estabilidad normativa es un pilar esencial, y cualquier ambigüedad o inconsistencia podría traducirse en costos adicionales o en conflictos legales prolongados.

Para el sindicalismo, en cambio, la preocupación se centra en cómo la reglamentación podría limitar la capacidad de negociación de los trabajadores y facilitar la precarización laboral. La historia reciente muestra que los procesos de reglamentación pueden definir, en última instancia, el alcance real de una ley. Es por ello que, aunque se haya dado un primer paso con la sanción de la Ley Bases, la verdadera batalla recién comienza.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió en las últimas horas a la reforma laboral incluida en la Ley y adelantó que será reglamentada entre fines de esta semana y la próxima. “Se viene más libertad, especialmente en lo que respecta a la tarea del gobierno. La visión general del presidente Milei es que lo que los argentinos necesitan es más libertad”, afirmó el ministro en declaraciones televisivas.

Según Sturzenegger, las reformas estarán orientadas a reducir la burocracia y facilitar la actividad económica, eliminando requisitos y regulaciones que, en su opinión, obstaculizan el funcionamiento del mercado laboral. Estas declaraciones refuerzan la postura del gobierno de impulsar un modelo más desregulado, donde el papel del Estado en las relaciones laborales se vea reducido al mínimo, en línea con la visión liberal que promueven tanto el presidente Milei como sus principales ministros.

Así como lo hicieron representantes del sector sindical, las distintas cámaras empresarias le presentaron a Cordero sus propuestas para la reglamentación de los principales puntos. Aprovecharon el primer encuentro de la mesa de diálogo tripartita, ocurrida semanas atrás en la sede de la cartera laboral, y de la que también participó Sturzenegger. Los planteos fueron los siguientes:

Período de prueba: Según la Ley, pasó de 3 a 6 meses, pero subirá a 8 meses para las firmas de entre 6 y 100 trabajadores y podrá estirarse hasta 1 año en el caso de las pymes que cuenten con hasta cinco empleados. La extinción del contrato durante el período de prueba exime del pago del preaviso, la integración del mes de preaviso y la indemnización por antigüedad. Sobre este punto, el pedido del G6 fue que se ratifique lo expuesto en la Ley y que sea, como debe ser, para los nuevos trabajadores. “En materia laboral no se pueden afectar los derechos adquiridos, por lo que siempre los cambios deben ser hacia adelante”, dijo a uno de los abogados del sector empresario.

Blanqueo laboral: Este artículo de la ley permite a las empresas regularizar a sus trabajadores no registrados o mal registrados sin pagar multas ni tener sanciones. También estarán eximidas de cualquier acción penal. Concretamente, se dará de baja a estas firmas en el Registro de Sanciones Laborales (REPSAL) y se les condonará deudas por capital e intereses, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación. Al respecto, los empresarios consideraron que se trata de un blanqueo tradicional donde no hay mucho por sugerir. Los trabajadores que queden regularizados tendrán derecho a computar hasta 60 meses de aportes previsionales, aunque hayan trabajado más años de manera informal. Sin embargo, esos hasta 5 años no serán considerados para el cálculo del haber inicial de la jubilación.

Fondo de cese laboral: “Ahí lo que se busca es que sea optativo, que sea acordado vía los convenios colectivos de trabajo de cada actividad, pero que sea optativo a nivel de empresas”, coincidieron fuentes de varias cámaras. La ley prevé la creación de un fondo o sistema de cese laboral que sustituya la indemnización por antigüedad (art. 245 de la Ley de Contratos de Trabajo), similar a lo que funciona en el sector de la construcción. En este último, la rotación de trabajadores es permanente por la finalización de obras. En otras actividades, muchos empresarios no quieren asumir el costo de una futura indemnización, menos aún si el trabajador también cobrará el fondo si renuncia. El G6 ha solicitado que solo pueda cobrarse el dinero cuando el trabajador presente en el banco el telegrama de despido.

Bloqueos sindicales como causal de despido: Este fue uno de los logros que el Gobierno y el sector empresario obtuvieron cuando el proyecto de Ley de Bases pasó por el Senado, un cambio que luego mantuvo Diputados. Un trabajador acusado de bloquear una fábrica podrá ser despedido con causa. Sobre este punto, tanto los gremios como los empresarios solicitaron que la reglamentación establezca un protocolo claro para confirmar que efectivamente se trató de un bloqueo. “El protocolo tiene que ser muy claro, que no dé motivo a diversas interpretaciones”, señalaron desde una de las cámaras empresarias.

Trabajadores independientes con colaboradores: Se establece que un trabajador autónomo o monotributista podrá emplear hasta 3 trabajadores también como monotributistas, acogidos a un régimen que se detallará en la reglamentación. En este sentido, se dictaminará cómo se realizará el aporte mensual a la obra social, al sistema de seguridad social y a la cobertura de riesgos del trabajo.

Además de los cambios mencionados, la Ley Bases también incluye la eliminación de las multas, un pedido de larga data del sector empresario que fue finalmente concedido. Este punto, que no requiere reglamentación, ha sido celebrado como un avance significativo. Sin embargo, persiste un problema que sigue generando tensión: el anatocismo. Este término refiere al cálculo de intereses sobre intereses, lo que en los juicios laborales ha llevado a cifras exorbitantes que deben afrontar las empresas. Este tema había sido abordado en el DNU inicial, pero fue dejado de lado en la versión final de la ley.

Ante esta situación, tanto el sector empresario como el gobierno planean avanzar con un proyecto de ley que resuelva el problema del anatocismo. “Tenemos sentencias de 300 y 400 millones de pesos”, había señalado un industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) meses atrás. Las fuentes empresarias coinciden en que la solución radica en establecer un criterio unificado para todos los camaristas.