En la tarde del jueves 30 de noviembre, durante la 7° sesión ordinaria de la Legislatura de Jujuy, con acuerdo del oficialismo y del bloque justicialista acordaron pasar a archivo el pedido de juicio político contra Lello Sánchez. El fundamento de tal medida, según señalaron los legisladores es que "el fiscal general del MPA no existe, puesto que esa figura fue derogada por la ley del MPA recientemente promulgada".
Rodolfo Zurueta, aseguró contar con pruebas para las denuncias en contra de Lello Sánchez que se enumeran a continuación.
- El 16 de noviembre de 2016 se detuvo a un hombre por robo en coautoría y solo hubo una audiencia. El 14 de noviembre de 2018 se pidió el cese de la detención del sujeto.
- Ese mismo año, el ayudante fiscal Carlos Ariel Gil Urquiola intimó a Elisabeth Rosario López, que estaba detenida y sin representación legal, a firmar un convenio de reconocimiento de una deuda de $120.000 y dándole 28 días para pagarlos. La policía la intimaba constantemente a pagar la deuda.
- El agente fiscal Aldo Lozano y el ayudante fiscal Mauricio Ficoseco dispusieron privar de la libertad a María Laura Mamaní y otras personas, primero por averiguación de antecedentes por 24 horas, y luego por otros cargos, con actuación irregular de la policía y del Ministerio Público de la Acusación.
- El 2 de julio de 2020 se ordenó un allanamiento y se secuestraron varios elementos. Al día siguiente se inspeccionó un vehículo y se demoró a J.G.T. y D.E.A. Se criticó que la inspección del vehículo y la detención de D.E.A. se realizaron sin orden judicial
- El 18 de diciembre de 2016, Rodrigo Zenarruza Quintana denunció que el fiscal general habría agredido física, psicológica y socialmente a menores de edad. La causa nunca avanzó.
Otros antecedentes
Lello Sánchez ya había sido denunciado anteriormente: en julio de 2019, la abogada Agustina Aramayo, secretaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), hizo pública su denuncia por “violencia de género y mobbing laboral” en contra de Lello Sánchez ante el Superior Tribunal de Justicia.
En noviembre de 2021 María Eugenia Ríos, una funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, presentó una denuncia en la sede de Tribunales, donde inicio una acción legal por hostigamiento laboral y violencia de género en contra del jefe de fiscales.
