La interpelación no es un capricho de la oposición ni un espectáculo político; es una de las herramientas fundamentales que tiene una Legislatura para controlar al Poder Ejecutivo y obligar a quienes administran el Estado a rendir cuentas públicamente. Hay tres casos en el gabinete de Sadir que no pueden eludir las inquietudes de los legisladores: la ministra de Educación, el secretario de Seguridad y ahora el ministro de Turismo. Habrá otros casos, pero lo más resonante o urgente es lo que está pasando en estas áreas de gobierno.
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Detrás de cada negativa a la interpelación hay una política mal ejecutada
El radicalismo en el poder durante estos últimos 11 años logró impedir sistemáticamente que sus funcionarios sean interpelados por el Poder Legislativo. No estamos ante una simple discusión sobre procedimientos parlamentarios: estamos frente a un grave deterioro de la calidad democrática.
La propia historia parlamentaria en Jujuy reconoce la importancia de la concurrencia de los ministros al recinto para explicar sus decisiones, mientras que la Constitución provincial establece obligaciones de información y rendición de cuentas por parte del Ejecutivo.
Aquí, durante más de una década, predominó el bloqueo político a ese mecanismo de control. La consecuencia es profundamente dañina: el Poder Ejecutivo comienza a gobernar con cada vez menos controles reales y la Legislatura se ha transformado en una escribanía de las decisiones gubernamentales. Hoy existe un atenuante, ya que sectores de la oposición recién incorporados tras los resultados de la última elección le están, de a poco, devolviendo la resonancia perdida hace décadas en la Legislatura.
Una democracia no consiste únicamente en ganar elecciones y contar con una mayoría en Diputados. La mayoría otorga legitimidad para gobernar, pero jamás debería convertirse en una licencia para silenciar preguntas, bloquear investigaciones o impedir que los funcionarios expliquen sus decisiones ante los representantes del pueblo. La mayoría parlamentaria tiene el poder de aprobar leyes, pero también tiene la obligación moral e institucional de garantizar que el Estado sea controlado.
El daño es enorme porque la falta de interpelaciones alimenta inevitablemente la discrecionalidad. Cuando un ministro sabe que nunca deberá sentarse públicamente frente a los legisladores para responder preguntas incómodas, explicar decisiones, justificar gastos, asumir responsabilidades o dar cuentas de errores, el sistema pierde uno de sus principales mecanismos de prevención. La ausencia de control no significa necesariamente que todos los funcionarios cometan irregularidades, pero sí crea las condiciones ideales para que los errores se oculten, las decisiones arbitrarias se naturalicen y la opacidad se convierta en una práctica habitual de gobierno.
Detrás de cada funcionario que no explica su gestión puede haber una política pública mal ejecutada, recursos públicos sin control, servicios deficientes, decisiones que afectan a miles de ciudadanos o problemas que permanecen sin respuesta durante años.
Once años de silencio forzado constituyen, en definitiva, once años de debilitamiento del principio básico de la división de los poderes.
Un gobierno que evita sistemáticamente la interpelación transmite la peligrosa idea de que gobernar es mandar y no rendir cuentas. Cuando esa cultura se prolonga durante tantos años, la discrecionalidad se institucionaliza, la transparencia se vuelve excepcional y la democracia comienza a vaciarse lentamente de contenido.