El referente de la Coalición Cívica ARI, José María Albizo Cazón, comentó que este individuo, de nombre Mario Palavecino, cobraría más de un millón de pesos como empleado de la comuna, además de lo que percibe como chofer de taxi.
“¿Cuántos empleados municipales cobran más de un millón de pesos en San Salvador de Jujuy?”, cuestionó el referente, indicando que al trabajar en la democratización del servicio de transporte de pasajeros, “(presentamos) una investigación radicada en el fuero penal bajo la presunción de asociación ilícita en contra de un segmento de licenciatarios de taxis de radio llamada y taxis compartidos que andan haciendo macanas".
“Hemos detectado diversas situaciones, entre ellas, una referida a un hombre llamado Mario Palavecino; los invito a googlearlo, en las publicaciones que hay verán a quién está asociado. Sin embargo, en 2013, le dieron un contrato que hoy lo lleva, en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, a ganar más de un millón de pesos”.
“El tema no sería la plata”, continuó Cazón; “pero, ¿Cuántos empleados municipales llegan a cobrar más de un millón de pesos? ¿Cuántos licenciatarios de taxis llegan a tener más de dos ingresos? ¿Acaso los pliegos no dicen que, para poder postularse a ser licenciatario, no tienen que tener otro ingreso? O es que, en el mundo del revés, para algunos sí vale la norma, y para otros, no. Por fuera de ello, qué pena que quien supo década atrás decirse ser sindicalista del sector, hoy es el mismo que le hace daño”.
Embed - Denuncian que un sindicalista del sector taxista figura como empleado municipal
Connivencia
Por otra parte, Albizo Cazón dijo que “(impulsando un) proyecto de ordenanza para construir un marco regulatorio del servicio de transporte de pasajeros mediante plataformas electrónicas, legalizar las aplicaciones, (se advierte que) hay ciertos sectores de taxistas de radio llamada y compartidos en connivencia con ciertos sectores del poder político institucional, de la faz capitalina. Se erigieron en una asociación ilícita para construir, además, una fuerza parapolicial bajo hechos identificados, advertidos ante la Unidad de Delitos Complejos y contra la Administración Pública, poniendo en evidencia privación ilegítima de la libertad, daños a la propiedad privada y atentados a la integridad física y psíquica de terceros”.
