El lunes iniciaron las protestas de trabajadores de la empresa San José y Figueroa, prosiguieron el miércoles de la línea San Cayetano mientras que jueves y viernes de Unión Bus que incluso terminó en paro con cese de actividades.
Choferes, como cada mes reclaman por salarios adeudados y eternas demoras en los pagos.
Si antes la cartera de Trabajo intervenía tardíamente cuando el conflicto ya estaba instalado, ahora, directamente, se mantiene ausente. No hay previsión de ningún tipo ni tampoco gestión por parte de la cartera que comanda Normando Álvarez García.
En tiempos de pandemia garantizar la continuidad del servicio se vuelve imperativo como así también imponer sanciones a quienes no cumplan con las normativas. Un aire de desgobierno comienza a tornarse cada vez más evidente.
La cuestión de fondo se remonta a finales de 2018 y desde entonces no se ha logrado resolver: Los empresarios, durante años beneficiados con el pago de subsidios, hoy denuncian una fuerte caída en las recaudaciones y aseguran que la ayuda financiera es insuficiente. El otro sector en pugna son los sindicatos que aducen una demora de meses en el pago de haberes. Con ese pretexto, avanzan con modalidades que rozan lo extorsivo anteponiendo sus intereses a los de la sociedad.
Lo acordado en mesa de diálogo conformada en 2019 entre el sindicato, las empresas y el gobierno respecto de garantizar el servicio terminó convirtiéndose en una mera expresión de buenas intenciones que jamás se llevó a la práctica como consecuencia de incumplimientos de todas las partes.
Como resultado de esta incapacidad de viabilizar una solución conciliadora. Los jujeños esporádicamente son sorprendidos por medidas de fuerza que se definen sin ningún tipo de preaviso, esa justamente es la intención de los sindicatos: utilizar a su favor el ánimo social para conseguir una mejor negociación.
De parche en parche el conflicto en el transporte desgasta a todos los involucrados y provoca un malestar generalizado del que nadie se hace cargo.