Hambre en Jujuy: La ayuda de Nación expone las falencias en la asistencia
- El próximo tres de marzo inicia la entrega de tarjetas alimentarias en Jujuy.
- Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social cerró el acuerdo con Gerardo Morales. Luego dieron una conferencia conjunta en Infinito x Descubrir.
- Al aceptar la asistencia del gobierno nacional, los funcionarios jujeños reconocen que la crisis alimentaria es real y el plan de contingencia insuficiente.
Tras la firma del convenio por la entrega de tarjetas alimentarias, el gobierno de morales recibirá 155 millones de pesos mensuales para afrontar la crisis. Esta vez el hambre no puede solaparse y los funcionarios deben admitir la deficiencias de gestión.
A diferencia de los lineamientos impulsados desde Nación, durante el pasado año, la Legislatura respondiendo exclusivamente al oficialismo se blindó rechazando cuanto proyecto de Declaración de Emergencia Alimentaria se presente.
El solo hecho de recibir con los brazos abiertos las más de 30 mil tarjetas alimentarias se transforma en una espada de damocles. El estado provincial se sincera y reconoce el hambre tantas veces negada.
Las declaraciones del gobernador en septiembre de 2019 terminaron por estrellarse contra la realidad.
La emergencia alimentaria ya no puede ser minimizada y la situación de marginalidad que atraviesan más del 30% de los jujeños no será solucionada con un plan de contingencia.
Luego de un año y medio, el cuestionado plan "Jujuy Asiste y Reactiva” demostró más ribetes de clientelismo que de eficacia comprobada.
Por ejemplo, la diputada Débora Juárez Orieta denunciaba en plena campaña electoral 2019 que "la asistencia terminaba funcionando como herramienta para recolectar votos".
Se entregan cosas y a cambio los están anotando para sacarlos a votar o diciéndoles el compromiso que tienen para con ellos por esa asistencia. Los amenazan con que les van a sacar las cosas. Se entregan dadivas a gente vinculada a proyectos del radicalismo.
Desde Infinito por Descubrir el esfuerzo por adular al ministro Daniel Arroyo resultó evidente.
Con el objetivo de causar una buena impresión ante el titular de Desarrollo Social, el jefe del ejecutivo local pondera sus programas alimentarios, destaca el funcionamiento de los comedores escolares, el trabajo conjunto con los proveedores y reconoce la labor de las organizaciones sociales a quienes tildó de “violentos y chantajistas” en más de una oportunidad.
A raíz de tales apreciaciones, la contradicción queda expuesta. La relación entre las organizaciones sociales como ser: Barrios de Pie, Movimiento Evita, CCC, Corriente Popular Darío Santillán, ATD, entre otras es cuanto menos conflictiva. Sin poder despegar los asuntos políticos de las prioridades sociales, desde Ministerio de Desarrollo Humano administrado primero por Ada Galfré, luego por Natalia Sarapura, jamás dieron respuesta ante el eterno pedido para aumentar el aporte estatal por comensal ($6,80).
En cuanto a los proveedores, las protestas estuvieron presentes durante todo 2019. Deudas millonarias, meses de retrasos, un sistema de pagos desvirtuado con cheques diferidos e incluso denuncias de aprietes para quien corte el servicio. La situación de Miguel Vallejos conocida a fines de octubre pasado fue emblemática. Las exorbitantes deudas que el Estado tenía con su comercio superaban el millón de pesos; harto de las negativas estuvo a punto de encadenarse y comenzar una huelga de hambre ante las oficinas del ministerio.
Con la premisa de conservar la paz social, la estrategia por estas horas se basa en el tradicional refrán “borra con el codo lo escrito con la mano”.
Así se celebra una jornada que jamás imaginaron presenciar y que obliga a un gobierno a ser sumiso ante una realidad que tratan en vano de seguir negando.