La magistrada ingresó al STJ de la mano del ex gobernador Fellner en el año 2004 luego de oficiar como fiscal de Estado, recordada por su desencuentro con Gerardo Morales durante los inicios de la pandemia, cuando se negaba a aislarse de manera preventiva tras regresar de un viaje al extanjero, al punto de presentar un recurso de hábeas corpus, por considerar que sufría una detención ilegal. Posteriormente tomó revancha bloqueando judicialmente la puesta en marcha de una aplicación para controlar la libre circulación de los ciudadanos.
Bernal era una de las dos supervivientes desde la ampliación del Tribunal ocurrida a finales de 2015, de hecho rechazó esa medida junto a sus compañeros (excepto Clara De Langhe) enviando una misiva al flamante gobernador radical para que al menos se efectúen una serie de audiencias públicas y respete el proyecto de concursos públicos que el mismo Morales venía promoviendo desde la campaña electoral.
También sobrevivió a los carpetazos de 2022 que derivaron en las “renuncias”, Sergio González y las ex diputadas radicales Beatriz Altamirano y la Clara De Langhe de Falcone a quienes el primer mandatario provincial les soltó la mano. En los tres casos prefirieron retirarse antes de ser sometidos al proceso de juicio político que empezaba a gestarse en la Legislatura.
A la banca que dejó disponible José Manuel Del Campo (Q.E.P.D.) en febrero del año pasado y la flamante ex jueza Bernal, podría sumarse otra de las ingresantes de la renovación 2015: Laura Nilda Lamas González, sobre quien pesa un pedido de juicio político basado en una supuesta incompatibilidad entre sus actividades como empresaria tabacalera y la función pública.
En septiembre pasado la Comisión Investigadora y la Sala Acusadora presidida por el diputado Adriano Morone fueron confirmadas, aunque dado el cierre del período de sesiones, recién podría haber novedades del caso para el segundo trimestre del año en curso. Más allá de su bajo perfil en general, en 2021 estuvo cerca de otro pedido de juicio político, cuando se la acusaba de “haber adulterado el sistema informático jurídico para direccionar la adjudicación de las causas”.
Aunque todavía no existe una danza de nombres, es bien sabido, como ocurrió en 2015 con la ampliación y en 2022 con la repartición 2x1 de vocalías vacantes entre radicales y justicialistas, que un lugar en la Corte es un recurso valioso al momento de las negociaciones electorales. Aún más teniendo en cuenta que los candidatos son propuestos desde un poder Ejecutivo provincial que obtuvo resultados negativos frente al avance libertario en los últimos comicios.
