Desde hace unas semanas empezaron a llegar reclamos principalmente desde el interior de la provincia. San Pedro fue pionera en la junta de firmas para visibilizar los cortes constantes y además aumentos exorbitantes de la tarifa. A la recolección de firmas se sumaron localidades vecinas como Libertador, Yuto y Fraile Pintado, entre otras.
Cuestionamientos desde Monterrico
La concejal Jessica Casasola de La Libertad Avanza expuso la alarmante preocupación de los vecinos de Monterrico por boletas de luz que superan los $100.000 y trazó un crudo diagnóstico sobre el manejo de la coparticipación y la falta de transparencia en la provincia.
Tildó de "inadmisible" la paradoja energética que atraviesa el territorio jujeño en comparación con los grandes centros urbanos del país: "Llama la atención que Jujuy, teniendo la planta solar Cauchari, sea una de las provincias del país donde más se paga por el servicio eléctrico. El poder adquisitivo de un ciudadano a pie aquí no se equipara con el de Buenos Aires o Salta, donde un maestro cobra prácticamente el doble. Nos cobran de todo —ingresos brutos y un sinfín de tasas—, lo cual representa decisiones políticas del gobernador Carlos Sadir que deben ser revisadas de inmediato", fustigó.
Embed - Tarifazo de luz en Monterrico: "Pagamos más que en Buenos Aires"
Por otra parte, la edil libertaria se concentró en la histórica ausencia de una Ley de Coparticipación Municipal, una iniciativa parlamentaria que, según recordó, fue promesa de campaña del oficialismo provincial y permanece archivada en la Legislatura desde hace más de una década.
Explicó que la falta de un marco regulatorio claro fomenta una distribución arbitraria de los recursos federales que la Nación envía puntualmente mes a mes por ley: "Hoy por hoy el Gobierno provincial maneja el dinero de forma discrecional: si el intendente es de su color político o le cae mejor, le manda más; si es opositor, le manda menos. Tienen atados de pies y manos a los jefes comunales. Al no haber regulación, algunos se enriquecen mientras los municipios se empobrecen e inventan tasas locales para recaudar", denunció.
En la misma línea, alertó que el continuo sobredimensionamiento de las plantas de personal estatal devora los fondos que deberían tener como destino la obra pública. "La coparticipación nacional contempla que un 25% se destine a infraestructura. Sin embargo, como hay tanta gente metida en el Estado, los fondos no alcanzan y se desvía absolutamente todo para pagar salarios", argumentó Casasola, precisando que es inviable sostener una estructura donde el sector público absorbe más del 65% del empleo general.