La Corte Suprema de Justicia dispuso, un mes atrás, el cese de la explotación hidrocarburífera en el Parque Calilegua, provincia de Jujuy, y ordenó la recomposición ambiental del área afectada. Con la firma de los tres ministros, el Máximo Tribunal sostuvo que tanto el Estado Nacional como la provincia incumplieron sus deberes de fiscalización, lo que permitió daños prolongados en el ecosistema.
Contaminación en Calilegua: cadena alemana realizó un informe sobre el fallo de la Corte contra el gobierno jujeño
Se trata de la Deutsche Welle o DW un servicio de radiodifusión internacional disponible en más de 30 idiomas que destacó el fallo histórico contra el Estado jujeño y el Estado argentino buscando proteger el parque con mayor diversidad de Argentina.
El fallo llevó el voto conjunto de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y el concurrente de Ricardo Lorenzetti. La decisión abarcó las actividades desarrolladas en el yacimiento Caimancito, operado desde 1979, y fijó como plazo máximo para la remediación ambiental el año 2030.
La Corte consideró que la Nación y la provincia de Jujuy incumplieron con sus deberes de control de la actividad productiva tendiente a conservar el área implicada, regulada desde 1979 por medio del Decreto Nacional N° 1.733 y protegida por su biodiversidad característica de la ecorregión de las Yungas.
Al respecto, el fallo determinó la responsabilidad de los daños en cabeza de la Nación como consecuencia de que YPF Sociedad del Estado había explotado durante años los yacimientos petrolíferos asentados en esa zona, conocidos como “Caimancito”. También mencionó el pozo externo al Parque Nacional -denominado Caimancito e3- que provocó diversas afectaciones al medio ambiente como derrames de petróleo, salinización del agua y abandono de estructuras.
En el caso puntual de las medidas de recomposición iniciadas por Jujuy, la Corte cuestionó los plazos previstos en el plan provincial. En ese marco, afirmó que si bien la provincia -a través de sus empresas estatales JEMSE y JHSAU- había comenzado a ejecutar un plan de remediación en el Parque Calilegua, el tiempo previsto para su finalización -año 2049- era "irrazonable" a la luz de las normas protectorias del ambiente como el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Frente a esa situación, el Máximo Tribunal estableció como fecha límite del saneamiento el 31 de diciembre de 2030.
La noticia tuvo repercusión en distintas partes del mundo, donde la imagen de la preservación y el cuidado ambiental que tanto pregona el gobierno jujeño a través de la ministra María Inés Zigarán quedó fuertemente cuestionada.
La cadena alemana Deutsche Welle difundió un informe titulado contaminación en Argentina donde se dialoga con distintos actores y se pone especial énfasis en el nivel de daño ambiental ocasionado.
Ramón Luna fue una de las personas que impulsó esa acción judicial que inició por el año 2014 y dialogó con Radio 2 sobre la resolución que obtuvieron.
Piden interpelar a la ministra de Ambiente
El bloque del Frente de Izquierda realizó la solicitud para que María Inés Zigarán se presente en la Legislatura a rendir cuentas sobre lo que será el plan de remediación y lo que fue la contaminación y explotación en la gran reserva natural.
Diputado electo acusa al gobierno de Jujuy de "mentira" y "saqueo"
En una entrevista que brindó a Sobremesa, el legislador electo y abogado ambientalista Kevin Ballesty calificó la gestión del exgobernador Gerardo Morales como un "discurso vacío de acciones coherentes", a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el cese de la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua. Ballesty aseguró que la decisión judicial desnudó la "hipocresía" de un gobierno que hizo campaña con la bandera ambiental y terminó avasallando las instituciones por "voracidad".
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