CELS, HIJOS y ANDHES: nuevas presentaciones contra la Constitución de Jujuy

Para el gobernador Morales, reformar la Constitución no fue barato ni útil, al menos hasta el momento: la iniciativa provocó el incendio de la Legislatura, cortes de ruta que afectaron la actividad turística (y la recaudación) durante el invierno, la época más importante para Jujuy, y un “Malón de la Paz” de comunidades aborígenes (apoyadas por sindicatos y organizaciones sociales) que devino en una protesta y encadenamiento de referentes en Buenos Aires. Ante todas estas situaciones solo hubo algunas multas contravencionales e incluso varios dirigentes fueron sobreseídos de sus acusaciones.

Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), contó que se realizaron nuevas demandas contra la Constitución de Jujuy por considerarla inconstitucional y vulneradora de derechos; “con H.I.J.O.S. Jujuy y ANDHES presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la nación por un aspecto de la reforma sustancial, que tiene que ver con las limitaciones o prohibición del ejercicio del derecho a la protesta. El artículo 67 numeral 4 de la reforma constitucional estableció que la Legislatura tiene que dictar una ley o mecanismo que asegure la prohibición del corte de calles, rutas o cualquier otra acción que entorpezca la libre circulación. Creemos que esa no es una facultad o posibilidad que tienen las autoridades provinciales, sino que es propio de las regulaciones del gobierno federal. En este caso, el Código Penal. Las provincias no pueden legislar sobre esos aspectos porque está en juego el derecho fundamental a la protesta y a la manifestación pública”.

“La Corte Suprema tiene que estudiar la presentación; habrá traslados a la Procuración General de la nación. Llevará su tiempo porque la acción judicial presentada también plantea la inconstitucionalidad del código contravencional. Hoy en día hay un gran proceso de criminalización que afecta la movilización, y nos parece importante que la Corte Suprema estudie este asunto y pueda resolver. Lo que planteamos que esa norma es inconstitucional porque se excedió en las competencias que tiene la provincia y afecta un derecho como la protesta”, agregó.

Asimismo, marcó que “muchas de las contravenciones finalmente terminan en absolución, otras en condena, pero después la Justicia revisa esas condenas y muchas veces las anula. Lo que planteamos es que se genera un gran proceso de estigmatización de aquellos que son perseguidos a través de las contravenciones. Se los caracteriza como personas que cometen delitos y en realidad no son delitos manifestar contra la reforma constitucional o por paritarias o condiciones ambientales .Es un gran proceso de criminalización que estigmatiza también a aquellos que se organizan para reclamar, y en ese sentido, el Código Contravencional limita las posibilidades de esa acción que es tan importante para nuestro sistema democrático”.