De acuerdo con la información aportada por fuentes judiciales, el fallo fue dictaminado en la víspera por el juez penal Roberto Darío Assef —con la actuación en secretaría de la Gabriela Cuellar—, quien homologó el acuerdo de juicio abreviado celebrado previamente entre las partes intervinientes.
El juicio abreviado y el detalle de la condena
El proceso especial, previsto en el artículo 411 del Código Procesal Penal, fue impulsado por el fiscal Andrés La Villa, representante del Ministerio Público de la Acusación, en sintonía con la defensa técnica del acusado y la intervención de la Defensoría de Menores a cargo de Evelin Martínez. Tras evaluar los elementos reunidos en la investigación, el magistrado impuso al encartado, identificado como O. A. J., la pena de nueve años de prisión de cumplimiento efectivo.
Asimismo, en el marco de la misma resolución, el juez dispuso el sobreseimiento parcial del acusado respecto de un tercer hecho que había sido inicialmente investigado, medida adoptada ante el pedido formal de la Fiscalía por falta de elementos probatorios suficientes para sostener esa acusación específica.
Inhabilitación y pérdida de la patria potestad
Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia contempló otras accesorias legales. El magistrado le impuso la inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, la privación de la responsabilidad parental sobre sus hijos, y la prohibición absoluta para administrar sus bienes o disponer de ellos por actos entre vivos.
Del mismo modo, fuentes consultadas precisaron que el fallo ordena que, una vez que la sentencia quede firme y consentida, se proceda a la extracción de su perfil genético para su obligatoria inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
El modo de operar y la protección de la víctima
Según la investigación penal desarrollada en la capital, los hechos ocurrieron en el mes de julio del corriente año en San Salvador de Jujuy. El condenado, que compartía diversas actividades laborales con familiares de la menor, utilizaba esa posición de cercanía y familiaridad para vigilar los momentos en que la víctima no se encontraba acompañada, circunstancia que aprovechaba para cometer los aberrantes ataques.
En estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, desde el ámbito judicial y periodístico se resguarda de manera absoluta la identidad de la víctima, omitiendo cualquier dato que permita su individualización.
