Durante la sesión de este martes, ingresaron tres proyectos de resolución impulsados por distintas fuerzas políticas exigiendo informes detallados tanto al Ejecutivo Municipal como al Gobierno provincial sobre las habilitaciones, el estado de las tierras y los balances contables de la sociedad del Estado.
Los ediles remarcaron que el predio se encuentra completamente cerrado y bajo estrictas custodias policiales, lo que contradice las versiones oficiales que lo califican como un espacio de libre acceso.
“Lo máximo que puede hacer un ciudadano jujeño es llegar hasta la zona y ver desde ahí, y preguntar dónde no le van a dar ningún tipo de información porque quienes custodian no son los empleados ni los directivos de Cannava”, señaló el concejal Rubén González, del Frente Palpaleño, quien propuso además la implementación de visitas guiadas para transparentar el funcionamiento de la empresa.
Falta de controles
Por su parte, el edil libertario Rodrigo Reynaga profundizó en las irregularidades administrativas que rodean la instalación del complejo en jurisdicción palpaleña. Según detalló, no existe un decreto oficial que reglamente la cesión de las tierras, y advirtió sobre la falta de claridad en torno al pago de tasas municipales, impuestos provinciales y el impacto de una firma estatal que opera en el distrito.
“Palpalá se ha utilizado en estos últimos años como un lugar en el cual aprovecha el gobierno provincial esta opacidad en los papeles para poder establecerse acá las empresas y que no se dé cuenta absolutamente nadie”, cuestionó, sumando críticas hacia otras empresas estatales como Girsu. Asimismo, advirtió sobre la falta de equidad: “Juega en competencia desleal con otras empresas que se establecen acá en la provincia de Jujuy”.
Escepticismo ante la respuesta oficial
Si bien se espera que los proyectos sean aprobados por unanimidad en las comisiones y tratados en el recinto, los legisladores locales manifestaron bajas expectativas respecto a una respuesta concreta por parte del Ejecutivo comunal y provincial, señalando una práctica sistemática de silencio ante los pedidos de informes.