Concejales, los grandes ausentes frente a una licitación viciada de ilegalidad

Finalmente, el hermetismo se rompió para confirmar lo que muchos ya sospechaban: el tablero quedó en manos de tres conocidos de siempre: Urbano, Santa Ana y Xibi Xibi. La pregunta que flota en el aire, cargada de una desconfianza legítima, es si estas empresas realmente tienen la capacidad operativa y técnica para cubrir los miles de kilómetros de recorrido que demanda una ciudad en expansión, o si simplemente estamos ante un "maquillaje" para perpetuar un servicio que viene siendo deficiente.

Resulta, cuanto menos, curioso y alarmante que ninguna empresa de fuste nacional haya decidido desembarcar en la ciudad ¿qué pasó con las publicaciones en los diarios nacionales que exige la ley? ¿Se cumplieron los plazos o se hizo todo entre gallos y medianoche para que el camino quedara despejado para los de siempre? aquí el aroma a maniobra política es penetrante, especialmente cuando se señala que una de estas firmas tiene vínculos directos con el poder de turno.

Mientras tanto, el silencio de los concejales, tanto los veteranos como los que recién estrenan banca, es ensordecedor. Se supone que el concejo deliberante es la casa de los vecinos, pero hoy parece más una sucursal de los despachos oficiales donde la obediencia partidaria pesa más que el compromiso con el ciudadano que viaja amontonado y espera horas bajo el sol.

Esos representantes que deberían informar y auditar hoy parecen absorbidos por un sistema de acuerdos a espaldas de la gente. En las puertas del gremio, la incertidumbre se palpa en el cuerpo de los choferes; la situación de unión bus, que queda fuera de juego, deja un tendal de familias en el aire bajo la sospecha de una vendetta política disfrazada de proceso judicial. Si, como sostiene CODECUC, estamos ante una licitación viciada de ilegalidad, lo que estamos presenciando es un avance impune sobre los derechos de los usuarios.

Es hora de que el vecino despierte de esta hipnosis colectiva, porque mientras el poder en la sombra sigue moviendo los hilos, el que termina pagando el boleto de la irregularidad es, como siempre, el trabajador que no tiene otra opción para llegar a su destino.

El ciudadano tiene que dejar de ser un simple espectador de su propia desgracia para convertirse en el protagonista que interpela a quienes se sientan en esas bancas gracias a su voto, por eso hoy nos preguntamos y les preguntamos a ellos de manera directa: ¿dónde están los comprobantes de las publicaciones en los diarios de mayor tirada nacional que acrediten que este proceso fue realmente abierto y transparente tal como lo exige la normativa vigente? necesitamos saber bajo qué criterios técnicos se determinó que solo tres empresas son capaces de absorber la totalidad de los kilómetros de recorrido en una ciudad que crece sin planificación, y qué garantías reales existen para que los trabajadores de las empresas que quedaron afuera no terminen siendo el descarte de un acuerdo político espurio.

Resulta urgente que el concejo deliberante explique por qué se permite avanzar con una licitación que tiene denuncias de ilegalidad por parte de organismos de defensa del consumidor como CODECUC sin haber resuelto primero esas irregularidades de fondo que vician todo el proceso. ¿Cuál es el plan de contingencia si estas empresas vinculadas al poder local no logran cumplir con las frecuencias, o vamos a seguir cautivos de un monopolio disfrazado de legalidad? es imperativo que se hagan públicos los pliegos y las ofertas presentadas para que la sociedad civil pueda auditar si hubo o no una maniobra para favorecer a los amigos de siempre en detrimento del servicio que el jujeño padece a diario.

No basta con el silencio cómplice ni con reportarse a jefes políticos en las sombras; el vecino exige respuestas claras sobre si esta licitación es la solución definitiva o simplemente el acta de defunción de un sistema de transporte que hace tiempo dejó de pensar en el pasajero para pensar en el bolsillo de unos pocos.