La miserabilidad política es la causa del atraso y la precariedad

Resulta inaudito que, mientras un pasajero tiene que bajarse del colectivo con el agua hasta las rodillas o un automovilista se juega la vida esquivando pozos que ocupan media calzada, nuestros dirigentes se pierdan en la mezquindad de la disputa jurisdiccional. Es la política del “yo no fui” o del “le corresponde al otro”, una excusa técnica que se desvanece frente a la urgencia de la seguridad vial.

Mientras la provincia se regodea anunciando inversiones millonarias en tapas de diarios para marcar una supuesta diferencia ética con la inacción del gobierno nacional, en el barro de la realidad la gente queda desamparada. Esta pelea de egos, donde se busca sacar ventaja comunicacional sobre las falencias del rival, deja al descubierto una precariedad moral alarmante: han perdido el eje de la gestión pública, que no es otro que el bienestar de la persona. Hablar de jurisdicciones cuando hay un peligro inminente de muerte es, lisa y llanamente, una forma de abandono de persona encubierta bajo formalismos administrativos.

El sentido de responsabilidad ha sido reemplazado por la lucha por el poder; el gobernador o cualquier funcionario con capacidad de decisión debería tener la integridad de ordenar la reparación inmediata —porque la plata está y es de la gente— y después, en los despachos, pelear por quién paga la factura. Pero no: prefieren que el ciudadano sufra el padecimiento cotidiano con tal de no “regalarle” una obra a la jurisdicción vecina o nacional.

Es esa receta de egoísmo y falta de vocación de servicio la que nos tiene postergados: una dirigencia que mira su propio ombligo mientras el pueblo transita por una ruta que es una trampa mortal, demostrando que para ellos la vida vale menos que una partida presupuestaria o un titular de diario.

Para avanzar sobre este escenario de desidia, es fundamental que la comunidad entienda que la indignación debe transformarse en acción jurídica bajo la figura de la denuncia colectiva por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No podemos seguir aceptando que el ping-pong de responsabilidades entre Nación, provincia y municipio sea una zona liberada para el peligro; la ley es clara y cuando un funcionario omite, rehúsa hacer o retarda un acto propio de su oficio, está vulnerando el Código Penal.

Esta denuncia colectiva no es solo un papel firmado, es un límite ético a la miseria política que describíamos antes, porque frente a un bache que puede causar una tragedia o una inundación que impide el paso del ciudadano, la jerarquía de las normas pone el derecho a la vida y a la integridad física por encima de cualquier convenio de mantenimiento.

Al presentar una denuncia de este calibre, se obliga a la Justicia a investigar por qué, existiendo partidas presupuestarias y maquinaria, se decide mirar para otro lado mientras el vecino de Los Alisos o el usuario de la Ruta 9 arriesgan el capital y la piel cada mañana. Es el momento de exponer que la inacción es una decisión política y que esa decisión tiene consecuencias penales, ya que la seguridad vial no es una opción de gestión sino un deber imperativo del Estado en todas sus formas.

Si el gobernador o el intendente tienen los recursos pero eligen la especulación electoral por sobre la reparación de una calzada que es una trampa mortal, deben responder ante los tribunales por ese abandono de persona que mencionábamos. La fuerza de los vecinos unidos en un expediente judicial es la única herramienta que hoy parece quedar para romper este ciclo de egoísmo y obligar a que, de una vez por todas, la plata del pueblo vuelva al pueblo en forma de obras básicas y no de propaganda vacía de contenido.