El panorama actual del transporte público en San Salvador de Jujuy ha dejado de ser una cuestión de movilidad para transformarse en un auténtico escándalo jurídico que hiere de muerte la seguridad jurídica de nuestra provincia. estamos ante un proceso licitatorio que nace viciado, donde la ausencia de audiencias públicas y las modificaciones discrecionales por decreto del intendente Raúl Jorge no son más que síntomas de una gestión que parece haber perdido el norte, especialmente al suspender el corredor 26 sin ofrecer un plan de contingencia claro para el trabajador de a pie. lo que resulta verdaderamente alarmante es la velocidad con la que la justicia local aplicó un “volantazo” procesal, revirtiendo una medida de no innovar tras una presentación de apenas tres puntos del procurador municipal, dejando fuera de juego a prestatarias históricas como unión bus.
Una licitación escandalosa que lesiona severamente la seguridad jurídica
Este revés dramático no solo siembra incertidumbre en un consumidor que hoy paga tarifas exorbitantes por un servicio paupérrimo, sino que también pone bajo la lupa el rol de las instituciones: desde una uta que no parece estar a la altura de la defensa de los trabajadores hasta una oposición política, hoy fragmentada por las internas locales de la libertad avanza, que mira hacia otro lado mientras se diluye su compromiso con el conflicto. Al final del día, lo que subyace en este entramado no es la figura de un intendente desgastado, sino la sombra de un poder político real que opera desde la casa de gobierno y que parece tener un control absoluto sobre los hilos judiciales, demostrando que en Jujuy, cuando los intereses de la cúpula están en juego, los antecedentes y las formas jurídicas son lo primero en ser sacrificado a costa del bienestar ciudadano.
Esta situación pone de manifiesto que la independencia del poder judicial no es un concepto abstracto de los libros de derecho, sino el único dique de contención frente a la arbitrariedad del poder de turno, y cuando ese dique se rompe, lo que queda es un estado de indefensión total para el ciudadano y las instituciones. La celeridad con la que se revierten fallos sin una fundamentación sólida no solo es un golpe al sentido común, sino que genera un daño profundo a la seguridad jurídica de la provincia, enviando un mensaje devastador: en Jujuy las reglas del juego pueden cambiar de la noche a la mañana según la conveniencia política, lo cual ahuyenta cualquier tipo de previsibilidad y respeto por la ley.
Este antecedente nefasto en el sistema de transporte sienta un precedente donde la justicia, en lugar de ser el árbitro imparcial que garantiza el equilibrio, parece actuar como una escribanía que convalida los deseos de la casa de gobierno, lesionando gravemente la confianza pública y dejando a la seguridad jurídica herida de muerte, porque sin jueces que se animen a fallar contra el poder real, la constitución se convierte en papel mojado y el derecho de los ciudadanos queda supeditado al humor de quienes operan en las sombras.
Si vemos lo que sucede en nuestra región, es imposible no notar que el caso del transporte en san salvador de Jujuy se inscribe en una preocupante tendencia donde la falta de seguridad jurídica actúa como un veneno que paraliza el desarrollo, ya que cuando comparamos este escenario con otras licitaciones fallidas en el NOA, observamos un patrón común de pliegos diseñados a medida y marcos regulatorios que se evaporan ante la primera presión política.
Esta inestabilidad no es gratuita, pues genera un efecto dominó donde las empresas serias se retiran ante la imposibilidad de proyectar inversiones a largo plazo, dejando el terreno libre para prestadores que solo buscan el beneficio inmediato bajo el ala del poder de turno, lo cual termina inevitablemente en servicios colapsados y tarifas que suben sin control para compensar la ineficiencia.
Mientras que en otras jurisdicciones que han intentado modernizarse se busca blindar los procesos con veedurías externas y transparencia, aquí el retroceso es evidente al observar cómo la justicia local se vuelve un actor militante en lugar de un garante de los contratos, marcando una diferencia dramática con aquellos distritos donde la previsibilidad jurídica permite que el usuario reciba un servicio acorde a lo que paga.
El daño que este antecedente le causa a la imagen de la provincia es incalculable, porque ningún actor económico, ya sea del transporte, la energía o la obra pública, querrá arriesgar su capital en un territorio donde un juez puede borrar con el codo lo que escribió con la mano tras una simple presión desde las sombras, condenando finalmente al pueblo jujeño a ser rehén de una infraestructura obsoleta y de un sistema legal que, lejos de protegerlo, parece ensañado en perpetuar la impunidad de los que mandan.