El master plan que confeccionará la empresa Mekorot suma expresiones en contra aún cuando se encuentra en una etapa totalmente prematura. Hoy se realizó la presentación de la Mesa del Agua, con evidentes vicios de parcialidad: las comunidades aborígenes si bien ingresaron en la sede de Conectar LAB donde se llevó a cabo la presentación, no fueron debidamente invitadas.
Las comunidades reivindican sus derechos contra los negociados sobre el agua
El acuerdo entre el gobierno jujeño y una consultora israelí por la planificación de los recursos hídricos volvió a activar las alarmas por un posible avasallamiento de los derechos indígenas.
La discusión por la gestión de recursos naturales ha sido tema permanente de conflicto en Jujuy, especialmente desde la sanción de la reforma constitucional, donde los intereses de las comunidades fueron indebidamente ignorados contra toda legislación vigente. Ya sea con las habituales marchas en defensa del agua y la vida que se celebran en octubre o el activismo permanente del III Malón de la Paz, la discusión mal que le pese a la clase política local está instalada.
“Nosotros nos hemos presentado tanto por nota como participando de una reunión con los diputados que integran la comisión de Asuntos Indígenas... Les hemos solicitado en un acto de palabra pero que fue público, uno de sus mandatos es observar, es decir velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional, eso incluye el convenio 169 de la OIT sobre consulta previa, libre e informada”, explicó el referente de la comunidad Angosto El Perchel, Raúl Sajama en Sobremesa (Canal 2).
La proposición fue sencilla, realizar las consultas pertinentes obedeciendo las normativas previa aprobación de la Ley de Emergencia pública que se debate en la casa de piedra durante las últimas semanas.
Uno de los artículos de la discordia se encuentra en al comienzo del proyecto, entre los objetivos generales, donde se menciona “...gestión eficiente de los recursos naturales...”, terminología poco específica sobre lo que implica gestionar.
“Afecta a las comunidades indígenas, hay 400 la mayoría está viviendo en zonas remotas, el mapa minero muestra que en cercanías hay recursos minerales. Estamos afectados”, profundizó Sajama, recriminando a los actores políticos jujeños su irrespeto permanente por el espíritu de la carta magna nacional de 1994, la primera que incorporó a la discusión pública la necesidad de restituir los derechos a las comunidades.