Al igual que sindicalistas locales, exigían tener voz e incidencia en el tratamiento, pero al solo ser escuchados, se disgustaron y subrayaron que no aceptan la misma debido a que pasó por encima el derecho a la consulta previa, libre e informada, como otras iniciativas gubernamentales.
El representante de una de estas agrupaciones, Jorge Angulo, dijo que plantearon a los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas “la violación a la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas. Como el año pasado, o como proyectos que inciden en las comunidades. Tienen una imagen equivocada que, como comunidades, estamos en el campo y no tenemos vinculación”.
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Indicó que los afecta el tratamiento de cuestiones como “la emergencia ambiental, la situación de trabajadores, la educación indígena e intercultural, la entrega de súper poderes para declarar cualquier emergencia o tomar decisiones y reubicar a pueblos por distintas situaciones”.
Asimismo, consideró que la comisión legislativa “no tiene la preparación para articular con las comunidades. Tendría que tener perspectiva, ser la responsable de promover derechos y la perspectiva indígena ante cualquier situación. Tendría que expresarse y consultar a las comunidades que serán afectadas”.
