Esta situación abre una serie de inquietudes sobre que se debe hacer frente a procesos de concesión complicados e irregulares sobre todo en el caso del suministro de luz como servicio esencial para la población.
CODECUC desafía al gobierno pidiendo revocatoria de contrato a EJESA
CODECUC (Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidor de Jujuy), presentaría en los próximos días, ante las autoridades provinciales, un pedido de revocatoria del contrato de concesión a la empresa EJESA teniendo en cuenta los inconvenientes en la prestación del servicio del suministro de electricidad recurrente en la provincia y lo que considera el organismo como ilegal en relación a los altos costos del valor de la tarifa de luz.
Estamos frente a un caso de una compañía que estaría al borde de la calificación de “incumplidora serial” ya que tiene la concesión para entregar la electricidad y no cumple con la prestación del servicio. Tampoco habría presentado su plan de inversión. Normalmente lo presentan pero no lo cumplen o lo cumplen a medias.
Primero, lo básico: ¿qué significa incumplimiento? En el servicio público esencial de la electricidad, una concesionaria debe garantizar una prestación continua y adecuada del suministro. Si eso no ocurre, estamos ante un incumplimiento de sus obligaciones contractuales y regulatorias: caídas de tensión, interrupciones frecuentes, fallas en medidores o demoras en la atención de fallas. Y si además no presenta su plan de inversión o si ese plan no se ejecuta, la situación se agrava. Porque el plan de inversión es la ruta para mantener, modernizar y ampliar la red, para que el servicio sea más seguro, más confiable y más resiliente. Cuando no hay plan o no se cumplen las metas, las deficiencias estructurales pueden traducirse en más cortes o en una electricidad de menor calidad.
Ahora, ¿qué implica no presentar o no cumplir ese plan? no presentarlo a tiempo o no cumplirlo debilita la capacidad de la distribuidora para garantizar calidad y seguridad el incumplimiento puede justificar sanciones, revisión de tarifas o incluso medidas para corregir el rumbo de forma forzada. y ahí entran los mecanismos para revocar o terminar el contrato. En muchos países existen herramientas regulatorias y contractuales para proteger el servicio: reclamos formales ante la autoridad reguladora; auditorías técnicas y financieras ordenadas por el regulador; resolución de la concesión o incluso licitaciones para una nueva empresa si el incumplimiento es grave y persistente. Aquí en Jujuy no hemos visto acciones del ente regulador (SUSEPU) que justifiquen su rol de manera eficiente.
Para entender el contexto, vamos con antecedentes y comparaciones. en distintos países ha habido cambios de concesionaria cuando las distribuidoras no cumplen con estándares de calidad y con los compromisos de inversión. se han visto cambios de operador o re licitaciones de redes, intervenciones regulatorias que obligan a inversiones específicas para modernizar la red y hacerla más resiliente, y sanciones económicas significativas que, en ciertos casos, han llevado a la suspensión temporal de partes de la operación. en el aspecto tarifario, los marcos reguladores suelen prever mecanismos para financiar estas inversiones y evitar que el incumplimiento se traduzca en aumentos injustificados a las tarifas. cuando hay incumplimiento, se pueden aplicar descuentos en facturas por interrupciones o ajustes en cargos para mitigar el impacto en los usuarios. Aquí en Jujuy pareciera que la situación es a la inversa: a mayor cantidad de cortes, más cara seria la tarifa.
Los mecanismos para una revocatoria de contrato en el servicio de luz, un tema crucial para proteger a los usuarios cuando una empresa concesionaria falla en su servicio. Es cuando se agotan todas las instancias posibles.
La revocatoria de la concesión no es un camino rápido ni automático; es un proceso formal que pasa por varias instancias y salvaguardas para evitar arbitrariedades, y su objetivo central es garantizar que quien tiene la responsabilidad de entregar electricidad cumpla con las reglas, las inversiones y la calidad del servicio.
En escenarios graves y persistentes, la conversación puede llegar a la revisión o incluso a la suspensión o revocación de la concesión. Esto abre la puerta a una licitación para un nuevo operador o a la reasignación de la red a otra empresa, siempre con un marco legal claro y protecciones para los usuarios durante la transición. Y, por supuesto, la cuestión tarifaria no queda fuera: muchos marcos regulatorios contemplan la posibilidad de revisar, congelar o descontar cargos si el servicio no cumple con los estándares mínimos, para que los usuarios no carguen con costos injustificados. En este sentido, pueden activarse descuentos en facturas por interrupciones o renegociaciones de cargos vinculados al rendimiento.
La participación ciudadana es clave en este proceso. Audiencias públicas y transparencia permiten que usuarios y comunidades presenten evidencias, quejas y propuestas, fortaleciendo la legitimidad de las decisiones y asegurando que el proceso no se tome a la ligera.
En definitiva, cuando una concesionaria no cumple, existe hasta la posibilidad de revocar la concesión y licitar de nuevo la red. Todo con el objetivo claro de que la electricidad llegue de forma confiable a hogares y comercios, y que las inversiones necesarias se hagan de manera transparente y oportuna.
En Jujuy, como en muchas jurisdicciones, la energía no es solo un servicio; es una garantía de uso diario, de seguridad y de desarrollo. Pero cuando el regulador local, el gobierno provincial y el parlamento no funcionan con la independencia y la contundencia necesarias, la ciudadanía queda expuesta a cortes, movimientos de tensión y a una sensación de que las decisiones se toman sin escuchar a la gente.
El rol del gobierno provincial es especialmente crucial. Debe garantizar que, además de regular, haya control político y social sobre la gestión de la red. Eso implica facilitar y promover audiencias públicas, exigir rendición de cuentas a través de informes accesibles y claros, y activar mecanismos de protección para usuarios cuando la empresa no alcanza los estándares de calidad.
El parlamento jujeño, por su parte, tiene la responsabilidad de debatir y aprobar marcos normativos, solicitar informes de cumplimiento y, en caso de necesidad, impulsar medidas de supervisión, sanción o incluso de intervención temporal para asegurar que el servicio llegue a todos los rincones de la provincia.
¿Qué se hizo hasta ahora? nada…todo sigue igual. Lo único que se recalienta es el ánimo de los usuarios que ya no tienen donde reclamar solo CODECUC en soledad intentara hacer un planteo que en rigor sino viene acompañado por el respaldo presencial de usuarios dicha presentación quedara en el rincón de los recuerdos en alguna oficina del estado provincial.
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