Durante la gestión Montero la brecha entre la comisión directiva y sus representados se agrandó al punto de generar masivas desafiliaciones, pérdida de credibilidad y aunque el oficialismo en el gobierno avaló la conducción apócrifa, también hubo una pérdida absoluta de representatividad. Hacia allí apunta el reposicionamiento de los nuevos administradores, tratar de unificar al gremio y conversar en nuevos términos con los ministros, ya que las paritarias provinciales todavía están abiertas.
En la semana los referentes sindicales tuvieron un primer encuentro formal con la ministra de Educación María Teresa Bovi, a quien le llevaron una larga lista de reclamos y postergaciones. Hacia el jueves la participación de la CD fue aún más activa, apoyando en las calles junto a Susana Ustárez de APOC, al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, otra institución en plena disputa salarial. “Unidad en el reclamo porque la inflación y la precarización laboral no divide, nos consume a todos”, cierra un mensaje publicado en sus redes oficiales dando a entender que la lucha gremial podría unificarse como hace tiempo no se veía en Jujuy.
Como estaba pactado y oportunamente divulgado, el corriente sábado 15/04 se llevó a cabo una reunión informativa en la sede de Balcarce 162 (San Salvador). Allí fue presentado un primer diagnóstico ante el afiliado, quien pudo acudir o seguirlo por internet. El encuentro contó además con la presencia de la delegada normalizadora Amelia de Dios, quien se ocupó de los destinos del CEDEMS desde noviembre y hasta los comicios culminados días atrás.
Quizás en represalia por su presencia en la movilización de SEOM o simplemente por haberse posicionado desde su concepción como una fuerza opositora al gobierno, minutos antes de iniciar el encuentro, media docena de efectivos de infantería llegó a bordo de un patrullero hasta la puerta del edificio. Lo cierto es que es una extensión más de las estrategias para criminalizar las disidencias que tanto ha utilizado el poder político a través de su brazo ejecutor judicial.
