La medida fue solicitada por la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N° 1 y autorizada por la Jueza de Control, María Hinojo.
El procedimiento contó con el despliegue de la Agencia Provincial de Delitos Complejos, encabezado por el fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto. Según fuentes judiciales, el objetivo principal fue la recolección de pruebas digitales que vinculen a los residentes del domicilio con las inscripciones halladas en los baños escolares.
Penas de prisión efectiva
Desde el MPA fueron tajantes al calificar estos hechos: no se trata de travesuras, sino del delito de intimidación pública. Este encuadre legal, previsto en el Código Penal, establece penas que van desde los dos hasta los seis años de prisión.
La seriedad con la que se aborda la causa busca frenar el efecto contagio que afectó a instituciones de Perico, San Pedro, Palpalá y la Quebrada.
Mientras los peritos informáticos analizan los dispositivos secuestrados, las autoridades aseguraron que las actuaciones continúan en pleno desarrollo.
No se descartan nuevos allanamientos en las próximas horas en otras localidades del interior, con el fin de determinar si existió una organización detrás de las amenazas o si se trató de hechos individuales potenciados por las redes sociales.
