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Amenazas en escuelas: la Justicia ya promueve acciones penales contra los autores identificados

Tras una ola de alarmas que paralizó a los establecimientos educativos, el Ministerio Público de la Acusación identificó a los estudiantes que actuaron en San Pedro de Jujuy. Se les imputa el delito de Intimidación Pública, que prevé penas de prisión.

  • Justicia jujeña: Promueve acciones penales contra autores de amenazas en escuelas.
  • Delito imputado: Intimidación Pública, según el Artículo 211 del Código Penal.
  • Objetivo judicial: Sentar un precedente para disuadir futuras amenazas y devolver la tranquilidad.

La Justicia jujeña avanza a pasos firmes para frenar la psicosis colectiva generada por las amenazas de tiroteos en las escuelas. Lo que comenzó como una preocupante tendencia en redes sociales y baños de colegios, hoy tiene consecuencias legales concretas para los adolescentes involucrados y sus familias.

Identificación y allanamientos en San Pedro

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso nuestro medio, los investigadores han logrado avances significativos en la ciudad de San Pedro de Jujuy. En la Escuela Comercial, una denuncia derivó en la identificación de un alumno que habría escrito un cartel intimidatorio en los sanitarios. Como medida inmediata, la justicia procedió al secuestro del teléfono celular del implicado.

Situación similar atraviesa la Escuela Normal, donde dos alumnos de tercer año confesaron ser los autores de las amenazas. En este caso, el MPA no solo incautó los dispositivos móviles, sino que ya comenzó a promover acción penal contra uno de ellos, de 16 años, debido a su edad y grado de responsabilidad.

El delito de Intimidación Pública

El foco de la fiscalía es claro: no habrá impunidad bajo la excusa de "bromas estudiantiles". A los protagonistas de estos hechos se los imputa bajo el Artículo 211 del Código Penal Argentino, que tipifica el delito de Intimidación Pública.

Art. 211: "Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere gritos, mandare mensajes de terror..."

Consecuencias que marcan un precedente

La estrategia judicial actual busca sentar un precedente para disuadir la veintena de amenazas registradas en diferentes localidades de la provincia. Las consecuencias para los menores y sus padres incluyen:

  • Antecedentes Penales: La imputación formal puede afectar el futuro legal de los jóvenes de entre 16 y 18 años.
  • Peritajes Tecnológicos: El secuestro de celulares permite rastrear si hubo planificación o complicidad con otros alumnos.
  • Responsabilidad Civil: Se investiga la posibilidad de que los padres deban afrontar los costos operativos de los despliegues de bomberos, policías y personal de criminalística.

Con la firma digital de las autoridades judiciales, estos informes confirman que la etapa de las advertencias terminó. Ahora, la justicia busca que el peso de la ley sirva para devolver la tranquilidad a las aulas jujeñas.

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