La abogada de integrantes de comunidades y funcionarios de la Comisión Municipal comentó el avance de procesos legales en relación a obras y ocupación de tierras en el lugar.
El conflicto por tierras de Caspalá, controversiales por si serían destinadas a una cancha de fútbol o una escuela, siguen siendo el centro del conflicto entre el gobierno de Gerardo Morales y los residentes de la localidad, que recientemente fueron imputados por distintas causas.
Amelia de Dios, abogada de miembros de la comunidad aborigen y de ex autoridades de la Comisión Municipal, se refirió a la situación indicando que “es un disparate. En la Fiscalía de Humahuaca recibimos la noticia que los imputados eran 16, en una causa que entendemos es armada, con una enorme rapidez que no llama la atención, iniciada por una denuncia del ex Comisionado Natividad Apaza, allegado al ex gobernador, y también de parte de Fiscalía de Estado. Causa de usurpación”.
“La denuncia de la comunidad al gobierno es por la usurpación de esas tierras; el eje de la discusión se centra en esto: no hay reconocimiento de parte del gobierno, y todo lo que eso provoca. Estas tierras son de la comunidad, que tiene personería jurídica y además nunca hubo una discusión, nunca tuvieron problemas con respecto a este tema. Hace un par de años empezó a interesar (la tierra) y derivamos en esto: la Justicia federal dijo que las tierras son propiedad de la comunidad, que hay una comunidad en actual posesión de estas tierras, que son inembargables y no pueden venderse ni expropiarse”.
“Uno de los que inicia la denuncia es Natividad Apaza. Se agrega un elemento, la persecución política de quienes hasta el 10 de diciembre eran parte del gobierno de Caspalá, y además actuaron en contra de su propia comunidad. Con pruebas inexistentes, porque los miembros de la Comisión ese día estaban haciendo trabajos a dos horas a pie del pueblo. La Justicia le da viabilidad y es un claro signo de la gravedad institucional y la continuidad del hostigamiento a la comunidad”.
“Natividad Apaza tiene múltiples denuncias; ¿alguna avanzó? ¿La fiscalía decidió continuar, investigarlo, imputarlo por alguna de las causas para que avance la investigación? No”.
“Este conflicto, este hostigamiento, esta persecución y amenazas lleva más de un año, y es constante. Cada algunos meses hay un nuevo incidente y la verdad es agotador, triste, no podemos seguir. No puede ser que la provincia no respete los derechos de los pueblos indígenas, somos una provincia con más de 400 pueblos, y es frustrante, cansador”.
