Días pasados, los vecinos denunciaron que la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N°1 de Humahuaca, a cargo de la fiscal Leila Rodríguez, imputó a 16 miembros de la comunidad aborigen, entre ellos a su Presidenta Lucia Apaza, a la Comisionada Municipal Rosa Apaza y a parte de su gabinete, con la carátula de daños agravados, robo agravado y usurpación.
“Se ven vulnerados y avasallados los derechos de las comunidades, que el eje de la discusión es que no puede dañarse, robarse o usurparse lo que es propio”, sostienen integrantes de la comunidad aborígen.
Silvana Llanes, apoderada de la Comunidad destacó que “el predio donde se encuentra ubicada la cancha de Caspalá pertenece a la comunidad Aborigen Pueblo Kolla de Caspalá y no al Estado Provincial. Ya lo dijo claramente la Justicia Federal, esas tierras no son pueden ser embargables ni enajenables, por lo tanto el Estado Provincial no puede arrogarse derechos que no tienen, utilizando las instituciones públicas para adulterar información y hacerse de territorios de comunidades originarias”.
Por su parte Amelia de Dios, abogada de los funcionarios de la Comisión Municipal, en consonancia expresó: “esta causa es sólo una demostración más del persistente hostigamiento a la comunidad, que además, ahora se suma un elemento que aumenta su gravedad, la persecución política a autoridades municipales de la localidad, elegidas por la voluntad popular y que llevan sólo un mes de gestión, iniciadas por el ex comisionado radical y el gobierno provincial, y dándole continuidad la justicia local, sin tener pruebas, porque básicamente no existen”.
A su vez, mujeres comuneras solicitaron el apoyo de toda la sociedad, para “terminar este calvario de persecuciones, amenazas, represión y causas armadas, que tanto dolor ha causado en nuestros hermanos y hermanas”.
