En diálogo con Radio 2, la profesora Carmen Cancinos explicó que, mientras la ley aprobada el año pasado estableció nuevas nomenclaturas y roles docentes, las Disposiciones Generales resultan indispensables para fijar criterios objetivos de evaluación y evitar que el puntaje "dependa de la libre interpretación del evaluador de turno".
Según detalló, históricamente esta reglamentación se emitía mediante resolución ministerial, pero debido al estancamiento de las mesas de trabajo tras el cambio de gestión y a la falta de respuesta de la Junta de Calificación, la Comisión de Educación de la Legislatura asumió la tarea de darle rango de ley.
Críticas a las objeciones del oficialismo y déficit de capacitaciones
Cancinos atribuyó el freno parlamentario a una "decisión política" del Ministerio de Educación y cuestionó las observaciones planteadas públicamente por el diputado oficialista Santiago Jubert. En particular, rechazó los intentos de objetar a las universidades como entidades formadoras y de invalidar los cursos realizados fuera de la provincia.
"Me dio muchísima rabia escucharlo hablar de igualdad de oportunidades poniendo como excusa que a un profesor de Salta no le puntúan allá un curso hecho en Jujuy, para justificar que a nosotros no nos acepten la formación hecha en otra provincia. Se supone que si es de una entidad oficial está debidamente homologado y tiene validez nacional", sostuvo.
Asimismo, la docente denunció que el Estado provincial no garantiza la oferta de formación continua necesaria para el concepto profesional anual:
- Falta de oferta disciplinar: Indicó que las escasas capacitaciones ministeriales tienen un enfoque generalista y se aprueban a fin de año, en pleno cierre de notas, cuando resulta imposible cursarlas. Como ejemplo, señaló que en el área de Francés no se dicta una actualización oficial en Jujuy desde 2019.
- Institutos intervenidos: Recordó que numerosos Institutos de Educación Superior (como el IES N° 4) continúan intervenidos desde hace años tras el escándalo por la venta de certificaciones apócrifas, lo que les impide presentar proyectos de formación habilitados.
Incertidumbre por el listado provisorio
Finalmente, Cancinos advirtió que la demora legislativa compromete la transparencia de las calificaciones actuales, ya que las juntas se encuentran evaluando las actualizaciones de legajos presentadas en junio para confeccionar el próximo listón provisorio (LUOM).
"Llama la atención porque el propio Ministerio participó de las reuniones donde se terminó de redactar el proyecto, a través de la presidenta de Junta de Calificación y el asesor legal, el abogado Aparicio, y se habían comprometido a calificar con estos criterios hasta que saliera la ley. Ahora quieren introducir modificaciones completamente a destiempo y no sabemos bajo qué parámetros están evaluando", concluyó.