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Litio: problemas para el gobierno

Unas quince comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc se movilizaron para reclamarle al Estado provincial por permitir el concurso de oferentes para la exploración minera sin consulta previa.

Las comunidades Indígenas del Territorio de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc manifestaron su disconformidad con el gobierno de la provincia por la “usurpación del territorio y no cumplir con los estándares y leyes internacionales sobre los derechos indígenas, al permitir el concurso de oferentes para la prospección geológica, exploración y factibilidad de proyecto minero en las zonas exclusivas de interés de J.E.M.S.E” ubicadas en Salinas Grandes, Laguna Guayatayoc y Salar de Jama.

Recientemente el gobierno provincial abrió una licitación para la prospección geológica, exploración y factibilización de áreas exclusivas ubicadas en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama, con el fin de “incrementar la producción de litio en la provincia”, informaron desde Jujuy Energía y Minería S.E. (Jemse).

“Se busca incrementar la producción de litio en la provincia”, aseguró días atrás el titular de Jemse, Carlos Oehler, tras lanzar la convocatoria a concurso realizado a través de esa empresa estatal.

Hace casi un año, un jujeño solicitó a la Fiscalía de Estado información sobre la Laguna de Guayatayoc ubicada en departamento de Cochinoca, ya que una empresa de energía había colocado en el lugar un cartel de “propiedad privada”. La respuesta de la empresa en cuestión “Horizon Resources” fue que desarrollan un proyecto de energía que lleva ese nombre, pero no se instala en dicha laguna. El mismo se ejecuta en una finca privada en Rodeo de Sayate, Cochinoca.

Según el artículo 32.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados, a fin de obtener el consentimiento de las comunidades antes de aprobar cualquier proyecto que afecte las tierras o recursos en relación con el desarrollo y la explotación de los recursos minerales, hídricos y de otro tipo.

Según una nota firmada por integrantes de comunidades indígenas, se cita el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que establece que sobre pueblos indígenas “los gobiernos deben consultar a las comunidades cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar a las comunidades directamente”.

A su vez, argumentan que el Estado no cumplió con el procedimiento participativo de obligatoriedad expresados en el protocolo de consulta “Kachi Yupi” Huellas de Sal, un documento de público conocimiento elaborado por las comunidades. En este  punto, las comunidades aducen que este documento fue oportunamente elogiado por el propio gobernador Morales en la comunidad Alfarcito, y que no cumplió con su contenido.

Las comunidades denuncian, además, que el Estado autorizó la etapa de exploración de la Mina Guayatayoc, según expediente Nª 82-L-1998, efectuada por la empresa Luis Losi S.A. y Ekekos S.A., “quienes están trabajando calladamente en la Laguna de Guayatayoc”.

Advierten que sería “una amenaza, perjuicio y daño irreversible” la afectación de recursos naturales, ambientales, culturales de las comunidades indígenas de Jujuy.

Solicitaron, además, que se de cumplimiento a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, y que “frene y deje sin efecto” los emprendimientos mineros del territorio, caso contrario, reza la nota, “cuenten con nuestra resistencia firme y determinada para defendernos”.

Son 15 las comunidades que se manifestaron: Tusaquillas, Saladillos, Sianzo, Alfarcito, Tambillos, Barracas, Cochagaste, Casabindo, Queñoalito, Sauzalito, Aguas Blancas, Santuario de Tres Pozos, El Moreno, El Angosto y Rinconadillas.

En el sector minero corrieron en las últimas  horas fuertes versiones de un freno en las inversiones que el gobierno provincial daba por hecho para este año.

Carlos Oehler, presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) señalaba en agosto del año pasado que se espera una inversión de 425 millones de dólares para producir anualmente 25.000 toneladas de carbonato de litio. En diciembre, post G20, preveían lanzar la licitación por 6 millones de dólares para la adquisición de equipamiento.

Mientras que ya en enero de este 2019 JEMSE y EJESA firmaban un acuerdo para unificar lazos en pos del desarrollo energético.

Sin embargo por diferentes motivos dichas inversiones se encontrarían en stand by lo que causa preocupación en el sector.

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