El gobierno busca un bono para calmar a los estatales
En la semana de mayor tensión entre los sindicatos del estado y la gestión Morales, el gobernador y sus funcionarios buscan destrabar fondos en Buenos Aires para aplacar los ánimos, luego del modesto aumento del 4% que se pagará con los haberes de agosto, que según los cálculos de la dirigencia, deja a los trabajadores por detrás de la inflación acumulada.
Inicia la semana de mayor tensión entre los funcionarios provinciales y el arco de sindicatos estatales reunidos en el Frente Amplio Gremial, a raíz de la distancia que existe entre lo que el gobierno determinó como recomposición salarial y las aspiraciones que, sin éxito, expresaron los representantes de los trabajadores.
El 4% que ya comenzó a liquidar el gobierno provincial y pagará en los primeros días de septiembre, más el inoportuno comentario del ministro de trabajo Jorge Cabana Fusz en la reunión en la que se comunicó el aumento, hicieron estallar a los gremios, que se preparan para días combativos.
En la búsqueda de contener un conflicto que parece declarado, el gobierno indicó tibiamente en un parte de prensa que se encuentra abocado a la gestión de un bono extraordinario, que sólo sería posible con la ayuda de fondos del ahogado gobierno nacional.
“Es oportuno destacar que la preocupación del Gobierno de Jujuy por resguardar la capacidad adquisitiva de sus trabajadores no se limita a la actualización salarial en mesas paritarias, sino que también se manifiesta en las gestiones que tienen lugar ante la Nación, con el propósito de definir un bono”, indica el comunicado difundido por la secretaría de comunicación.
El gobernador Gerardo Morales también había deslizado la posibilidad en su último contacto con medios locales.
El optimismo del gobierno local puede ampararse en que el presidente Mauricio Macri ya anunció un bono para trabajadores de la administración pública nacional, como gesto a la población tras el cachetazo electoral. En el marco de ese paquete de medidas, un bono para los estatales jujeños sería posible, aunque no hay certezas aún.
La mesa de discusión salarial que culminó nuevamente con la decisión unilateral del gobierno de aumentar un 4% en agosto y un 6% en octubre, había comenzado en la semana previa a las elecciones primerias del domingo 11 de agosto.
Allí ya se podía observar la distancia entre lo que aspiraban unos y lo que ofrecían otros.
Los cálculos en Casa de Gobierno indicaban que un 7% de aumento bastaría para equiparar la inflación de los primeros 8 meses del año.
Los sindicatos por su parte hacían una suma muy distinta, en la que incluían la proyección final de aquel entonces para todo 2019 más los saldos que quedaron pendientes de los años 2016, 2017 y 2018. Toda esa suma daba un reajuste “ideal” del 53%, algo que los mismos dirigentes reconocían como imposible en lo inmediato pero alcanzable en el mediano plazo.
Sin embargo, el resultado electoral, catastrófico para el oficialismo, provocó una profunda devaluación de la moneda, con impacto inevitable en el índice de inflación, y tiró así por los aires todos los cálculos previos.
En ese nuevo marco, los dirigentes estatales y el ministro de trabajo, Jorge Cabana Fusz, volvieron a reunirse.
Allí el titular de trabajo tuvo un gesto de torpeza en un contexto delicado: les insinuó a los sindicatos que no defendían lo suficientemente bien los intereses de sus representados.
Fue cuando a Cabana Fusz le recordaron su origen como secretario general de los bancarios.
“¿Qué le dirían a usted sus afiliados si llega con un ofrecimiento del 4%?”, le preguntaron al ministro.
“Los bancarios están muy bien, tienen un secretario general que pelea”, devolvió Cabana. Fue una declaración de guerra para los sindicatos.
En ese contexto, en Casa de Gobierno intentan comunicar lo que llaman “la película completa”. Esto es, el cálculo de todo lo que se recompuso el salario estatal en lo que va del año. Esa suma da, según el oficialismo, un 33,4%.
El número surge de los dos aumentos otorgados en febrero y en mayo, que totalizaban un 21%. Ahora hay que sumar un 4% que se pagará en agosto y luego, sobre el sueldo ya aumentado, se calculará otro 6% en octubre, para alcanzar la cifra que exhibe el gobierno.
Los estatales, sin embargo, ven el vaso medio vacío y lo justifican. La inflación acumulada al mes de julio, según INDEC, fue del 27,3%.
En el mejor de los casos, el salario de los trabajadores del estado se habrá actualizado en ese 27,3% recién en los primeros días de septiembre, cuando se depositen los haberes de agosto.
Sin embargo, a esa altura ya se conocerá la inflación precisamente de agosto, que rondaría un 4%, con lo cual los sueldos seguirán corriendo por detrás.
En las primeras horas del lunes los dirigentes del Frente Amplio Gremial mantendrán una reunión en ATSA. Luego habrá una conferencia de prensa en la que podrían anunciarse medidas de fuerza.