La paz, atada con alambre
La crisis económica combinada con errores de gestión en áreas puntuales hace resurgir la protesta callejera; el miércoles confluyeron cuatro movilizaciones frente a Casa de Gobierno por reclamos distintos. Mientras, el gobierno atiende otros frentes e intenta ganar tiempo.
“Hemos recuperado la paz”, repite casi al unísono el oficialismo en Jujuy, exponiendo como principal atributo del gobierno que encabeza Gerardo Morales haber reducido drásticamente la protesta callejera que se había tornado habitual durante las tres décadas de peronismo en la provincia.
El encarcelamiento de Milagro Sala, propiciado por las denuncias del gobierno y consumado por la actuación del Poder Judicial, es el elemento clave que permitió el nuevo escenario.
Sin embargo, la precaria situación social en un contexto de pobreza estructural en Jujuy hace que la convulsión sea una posibilidad latente siempre.
Eso se observó esta semana, en la que el gobierno enfrenta 10 reclamos distintos, todos ellos con acciones directas en las calles de quienes exigen reivindicaciones. Cuatro de ellos coincidieron el último miércoles frente a Casa de Gobierno y mantuvieron interrumpido el tránsito por casi 7 horas. A saber:
Esa fue la consigna llevada por una multitudinaria movilización de organizaciones sociales, movimientos de desocupados y agrupaciones de pueblos originarios, que se convocaron desde el mediodía hasta pasadas las 6 de la tarde, obstaculizando la calle San Martín, en el ingreso al palacio gubernamental.
Dirigentes de La Quiaca, Libertador General San Martín y otras localidades del interior hicieron sentir su reclamo. “La gente se está muriendo de hambre”, bramaron.
El histórico dirigente lideró una marcha en la que expuso principalmente el viejo reclamo por la precarización laboral en los municipios de la provincia, que se manifiesta en la situación de recolectores de basura que trabajan a cambio de planes sociales de entre 4.500 y 12 mil pesos al mes.
“Dice (Morales) que lo mejor es que gane Macri, será lo mejor para él, para seguir viajando por Europa”, espetó un dirigente con un megáfono frente al despacho del gobernador.
El proyecto, que acaba de obtener una autorización para adquirir un crédito por 75 millones de dólares, registra problemas en su ejecución. Un puñado de trabajadores asegura no haber cobrado los sueldos del mes de junio y se suspendieron las tareas hasta nuevo aviso. Funcionarios de gobierno reconocen el retraso.
“Sólo quedaron los serenos”, explicaron los trabajadores de las vías, con gran desconcierto.
El llamativo cartel apareció frente a Casa de Gobierno. Se trata de padres y alumnos de los ciclos de educación no formal, a quienes les recortaron la posibilidad de viajar sin costo con el Boleto Estudiantil, Gratuito y Universal (BEGU). La medida fue adoptada por la municipalidad, en medio del conflicto con las empresas de transporte que aseguran estar desfinanciadas por la quita de subsidios nacionales.
El gobernador Morales tiene previsto reunirse el viernes con trabajadores y empresarios de transporte. El problema es por dinero: los empresarios aseguran que la tarifa cubre menos de la mitad de sus costos y exigen más subsidios. El gobierno está facultado para cobrarle un impuesto a los casinos, pero evita confrontar con la corporación del juego.
Esta semana se retomaron los encuentros entre funcionarios y los sindicatos que representan a los empleados públicos. Habrá aumento, pero no se sabe en qué porcentaje. El gobierno buscará compensar la inflación de los últimos tres meses, con un 7%, mientras los gremios quieren obtener compensaciones futuras y cerrar un 20% hasta fin de año.
Una semana antes de las elecciones, por decreto, el gobernador anunció el pase a planta permanente de 5.800 contratados de la administración pública. Como un boomerang, el decretazo derivó en una avalancha de sectores que exigen el mismo beneficio. Esta semana, Morales se sentó con los profesionales que trabajan en el estado y hubo avances.
Este miércoles fue también día de encuentro entre los educadores de nivel primario, medio y superior, que además de recomposiciones salariales, buscan frenar una serie de medidas adoptadas por el ministerio de educación que modifica la forma en que se valora su trayectoria a través del sistema de puntajes.
El mandatario acusó de “mafiosos e ineficientes” a un sector del empresariado y de “violentos” a parte de la dirigencia sindical, quienes en distintas instancias le contestaron y extendieron una fuerte polémica pública. Este viernes, según lo expresó el propio Morales, ambos se encontrarán en sendas reuniones, en las que intentarán una salida a los problemas de fondo. El gobernador mantiene “la guardia alta”: dijo que el festival de subsidios no regresará.
Agrupados en UOCRA, la dirigencia exige que se reactive la obra pública, en un rubro que tiene 9.000 trabajadores en la provincia y 5.000 sin empleo, según la información difundida por el gremio. Hay preocupación por el plan provincial de viviendas, que inicialmente iba a ejecutarse con fondos de la provincia pero hoy quedó supeditado a la toma de nueva deuda.
Un problema crónico que acompañó al gobierno a lo largo de su primer mandato y reapareció esta semana. El retraso en el pago a los comerciantes que abastecen de mercadería a las escuelas para que los chicos almuercen, desayunen y/o merienden, llega como consecuencia de un ineficiente proceso. Los funcionarios se resignan ante la burocracia. El ministerio de desarrollo humano, encargado del programa, cuenta con 1.266 empleados.

