Paro histórico: sexto día sin transporte en Jujuy
El corte total del servicio durante seis jornadas seguidas no registra antecedentes desde el regreso de la democracia; hubo una oferta del sector empresario que consistía en cancelar la totalidad de los sueldos la próxima semana y pagar el aguinaldo en cuotas, rechazada por el gremio. El gobierno, sin reacción.
Un conflicto inédito - cuya intensidad escaló de manera inusitada desde el pasado jueves 11 de julio – tiene lugar en el servicio de transporte jujeño.
Con problemas crónicos explicitados desde enero de 2019 para pagar los salarios, las empresas retrasaron el pago de la totalidad de los sueldos correspondientes a junio y ratifican que los aguinaldos sólo podrán abonarse en cuotas.
Tal situación hizo estallar a la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que se mantuvo intransigente desde el jueves: no se retoma el servicio hasta que se pague la totalidad de la mora.
El último encuentro entre empresarios, trabajadores y funcionarios de gobierno aconteció durante las 10 y las 14 del lunes, en las oficinas del ministerio de trabajo, en avenida Almirante Brown.
La situación es compleja. Puertas adentro, los referentes del gobierno sostienen que el paro está favorecido por las empresas, que buscan recuperar los fondos que han perdido en concepto de subsidios desde que la Nación decidió modificar un esquema.
En números aproximados, las empresas aseguran estar recibiendo un monto fijo 25% menor que el que se giraba en 2019, que en términos reales tiene menos valor como consecuencia de la devaluación del peso y el proceso inflacionario.
Los empresarios niegan esa situación, y se defienden al afirmar que se han modificado las condiciones en las que ganaron la concesión.
El conflicto se da además en ausencia del gobernador Gerardo Morales, quien se encuentra de gira por China, buscando ampliar la planta solar que se construye en Cauchari.
Los empresarios se mostraron ofendidos con las declaraciones del ministro de hacienda Carlos Sadir, quien sostuvo que se trata de un conflicto entre privados. “No puede ser que el gobierno mienta tanto”, afirman.
En rigor, el cambio en el sistema de transporte se conoce desde noviembre de 2018, cuando el gobierno local aceptó las condiciones del pacto fiscal, por cuál percibía más recursos pero se hacía cargo del funcionamiento de este servicio esencial.
El ministro de trabajo Jorge Cabana Fusz, atinó a dictar un llamado a conciliación obligatoria horas antes del inicio de la medida de fuerza, que quedó en una simple formalidad.

