- Juan Ángelo analizó la situación de vulnerabilidad y falta de acceso a viviendas entre los residentes jujeños más vulnerables.
- Solicitó un viraje en las políticas de gobierno con medidas urgentes para evitar que el hacinamiento se siga profundizando.
Crisis Habitacional: "Están preocupados por un fashion week, en vez de llevar servicios básicos"
El coordinador de la Secretaría de Integración Socio Urbana local criticó las prioridades del gobierno jujeño en la contención de problemas habitacionales. Anticipó "de no tomar medidas urgentes se puede reeditar los episodios de usurpación y violencia de la década pasada".
Dificultad para afrontar los alquileres, imposibilidad para acceder a una vivienda y precios de la construcción por las nubes, este triángulo de obstáculos inmobiliarios se expande tan rápido por Jujuy como los barrios populares, que pasaron de 92 (2018) hasta los 141 actuales, según el último relevamiento del ReNaBaP. Sectores poblacionales también conocidos como asentamientos, muchas veces desprovistos de servicios elementales como agua, luz, gas, cloacas, entre otros.
Allí entra en acción la Secretaría de Integración Socio Urbana dependiente del Ministerio nacional de Desarrollo Social, utilizando la información recopilada para tender líneas entre el Gobierno, los ciudadanos y sus derechos a través de e distintos programas como puede ser “Mi Pieza” o “Argentina Unida por la Integración de barrios populares”, este último pensado para adjudicar el 25% de las obras a cooperativas a través de los giros de un fondo fiduciario específicamente creado.
A modo de adelanto, el coordinador de la filial jujeña Juan Ángelo confirmó para 2023 “convenios de obras tanto con cooperativas de organizaciones sociales, como así también con los gobiernos provinciales. En el caso de Jujuy se están llevando a cabo en San Pedro, Palpalá, Alto Comedero, estamos por iniciar una nueva en El Carmen”.
El hecho de llevar servicios y mejoras a los barrios vulnerables no es un detalle menor, pero sigue siendo un mero paliativo. Ángelo lo reconoce, teme a las consecuencias que el bajísimo ritmo de entrega de viviendas puede traer aparejadas, incluso reconoce que con este nivel de esfuerzo político ni siquiera una colaboración de sintonía fina entre los estados provinciales y nacionales sería capaz de resolver el déficit en el corto plazo al menos.
Como demostró JujuyalMomento, la información oficial del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) confirma 3.166 casas/departamentos entregados desde 2015. Un promedio de 452 unidades anuales, muy lejos de subsanar la demanda habitacional histórica que tiene a maltraer a las clases sociales menos pudientes de nuestra provincia.
“Es preocupante el acceso a la vivienda se ha convertido en un privilegio para muy pocos, Jujuy demostró que los sueldos no dan a basto, es muy difícil para las familias excluidas entrar a los programas. No tienen más remedio que volver a la casa de los padres o lastimosamente una estrategia de apropiación del suelo para poder darle dignidad a la familia", es importante recordar que el IVUJ tiene requisitos excluyentes, para muchos sorteos se exige percibir más de 3 salarios mínimos en el grupo familiar.
Este escenario crítico y en continua expansión obliga al referente del MTE a rememorar trágicos sucesos ocurridos a principio de la década pasada en el ramal, donde la usurpación de tierras motivada por la necesidad, tuvo violentas consecuencias. A su consideración, de no actuar con premura, en algunos años la situación de hacinamiento podría reeditar episodios similares.